Redacción El Informe de Ceres
Son varias las mujeres y organizaciones feministas que desde hace años denuncian que, como resultado de un proceso histórico de violencia y apropiación, los puestos de toma de decisiones y de poder económico, incluyendo posiciones jerárquicas en empresas y puestos laborales en general, están mayoritariamente en manos de los varones.
La Ley de Equidad de Género en Servicios de Comunicación tendría por objetivo combatir esta situación en los medios y otros organismos del rubro comunicacional, aunque los textos publicados en los portales oficiales hasta el momento sólo establecen vagamente que estas entidades “deben garantizar una representación de personas travestis, transexuales, transgéneros e intersex en una proporción no menor al 1% de la totalidad de su personal”. Es el único requisito porcentual que se lee en la página del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del sitio oficial.
Según el decreto de aprobación, la norma “tiene por objeto promover la equidad en la representación de los géneros desde una perspectiva de diversidad sexual en los servicios de comunicación, cualquiera sea la plataforma utilizada”.
Asimismo, establece que el Ministerio de Trabajo, su autoridad de aplicación, “debe proponer e instrumentar políticas públicas orientadas a la protección de los derechos de la comunidad LGBTI (lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales) en el ámbito laboral, en coordinación con el Ministerio de las Mujeres, géneros y diversidad”.
La ley se aplica a todos los servicios de comunicación de la Argentina, ya sean estatales o privados. Sin embargo, mientras que para los servicios de comunicación estatales el cumplimiento de la norma es obligatorio, para los privados el régimen es “de promoción”. Esto significa que el Ministerio de Trabajo llevará un registro de estas entidades y les otorgará “un certificado de equidad en la representación de los géneros” en caso de cumplir. Si consiguen este certificado, las empresas privadas de comunicación “tendrán preferencia para la asignación de publicidad oficial del sector público nacional”.
