A un año de los allanamientos a las sedes de Santa Fe y Rosario del Ministerio de Seguridad, el extitular de esa cartera, Marcelo Sain, y parte de su equipo de trabajo, son imputados en la causa que es conocida como espionaje ilegal.

En total, 11 personas fueron identificadas hasta el momento como parte de una “asociación ilícita” dedicada a cometer “defraudaciones al Estado” y además violar la ley de inteligencia nacional.

Se los investiga por haber realizado escuchas ilegales a personalidades públicas de la provincia, políticos, periodistas y empresarios, entre otros.

La audiencia imputativa se desarrolló en la sede de la Fiscalía de Delitos Complejos, en la capital santafesina. Además de Sain, son imputados el ex secretario de Seguridad Pública Germán Montenegro , el ex subsecretario de Investigación Criminal Pablo Alvarez, la ex directora de la Agencia de Control Policial Nadia Schujman, el ex subsecretario de Control Diego Rodríguez, Milagros Bernard y Agustina Moulins.

También, será imputada la ex jefa de Inteligencia Criminal (Zona Sur) del Organismo de Investigaciones (OI), perteneciente al Ministerio Público de la Acusación (MPA), Débora Cotichini.

Luego de la primer audiencia, las diputadas Lionella Cattalini y Gisel Mahmud, integrantes del Bloque Socialista, dijeron a LT10 que los acusados fueron "imputados por asociación ilícita, espionaje ilegal, defraudación al estado", y de esta forma "da cuenta de que los funcionarios que tenían que dedicarse a cuidarnos, estaban cometiendo delitos".

Además, sostuvieron que quieren saber "el rol de Sain y el del gobernador, quién era el jefe de la banda, de la asociación ilícita, y qué sabia y que no el gobernador. Nadie cree que se cometieran estos delitos sin que el gobernador lo supiera".

En consonancia, exigen que el gobernador se presente a la Justicia: "Ahora le toca a Perotti rendir cuentas y decirnos a la ciudadanía qué pasó y por qué en el Ministerio de Seguridad en lugar de actuar en pos de la sociedad, se cometían delitos".

LT10