También fueron acusados tres policías que prestaban funciones en esa dependencia. Operaban en rutas del centro norte provincial.
Judiciales04/08/2022
Redacción El Informe de Ceres
Dos jefes policiales de la Dirección General Provincial de Seguridad Vial (DGPSV) y otros tres policías que prestaban funciones en esa dependencia fueron imputados este jueves por al menos 41 hechos ilícitos cometidos en rutas del centro norte provincial.
La investigación fue iniciada por la Unidad Fiscal Especial de Delitos Complejos de la Fiscalía Regional 5. En tanto, las atribuciones delictivas realizadas fueron llevadas a cabo por la Unidad Fiscal Especial de Delitos Complejos de la Fiscalía Regional 1 en dos audiencias desarrolladas en los tribunales de la ciudad de Santa Fe. Según se detalló, no todos los ilícitos fueron cometidos por los cinco imputados.
Uno de los hombres investigados es el ahora ex jefe de la Unidad Operativa Regional 3 de la DGPSV. Sus iniciales son LMV, tiene 45 años y se le atribuyeron 36 hechos ilícitos.
“Daba órdenes a los agentes de Seguridad Vial para que no labren actas de infracción –o para que las destruyan– a determinadas personas. Indicaba a sus subordinados que no controlen a vehículos en los que transitaban familiares o amigos suyos, y que permitieran el paso de otros rodados que no contaban con la documentación exigida para circular”, relató la Fiscalía.
“También avisaba a conocidos y allegados dónde se ubicaban los controles de alcoholemia, y recibía dádivas a cambio de su accionar ilícito”, agregó el Ministerio Público de la Acusación (MPA).
La Fiscalía le atribuyó los delitos de abuso de autoridad por dictado de órdenes contrarias a las leyes y por incumplimiento de los deberes legales; revelación de secretos oficiales; omisión de inspección a un vehículo de transporte de hacienda; admisión de dádiva e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El otro funcionario policial investigado era el jefe de la Brigada Motorizada de la Unidad Operativa Regional 3 de la Agencia de Seguridad Vial. Sus iniciales son DRC, tiene 42 años y se le atribuyeron seis hechos ilícitos.
“Al menos entre noviembre de 2021 y mayo de 2022 llevó a cabo maniobras fraudulentas relacionadas con la realización de horas extraordinarias OSPE y adicionales. Falsificó planillas, autorizó horas superpuestas con las de la jornada ordinaria, omitió y falseó controles”, sostuvo la Fiscalía.
“También pidió 15 mil pesos para acompañar en ruta y con móviles oficiales a un transporte que no contaba con los permisos reglamentarios; ordenó que se aparten dos actas de infracción de tránsito y utilizaba con fines personales una moto de la Brigada que dirigía”, agregó el MPA.
Por estos hechos se le atribuyeron los delitos de abuso de autoridad por dictado de órdenes contrarias a las leyes; peculado y cohecho pasivo. Además, se le endilgó la tenencia indebida de un arma de fuego de uso civil, debido a que en su casa de Sauce Viejo se le secuestró una carabina calibre 22 para la cual no tenía la autorización legal correspondiente.
Treinta mil pesos
Con relación a los otros tres agentes investigados, la Fiscalía realizó este jueves la imputación y luego se resolvió imponerles normas de conducta.
Los tres policías son FNM de 30 años; CJB de 32 y DES de 34. Se les atribuyó haber exigido –bajo amenazas e intimidaciones– el pago de 30 mil pesos a un productor agropecuario para permitirle la circulación por la autopista Santa Fe–Rosario. También se les endilgó haber omitido controlar y permitir el paso de dos vehículos por rutas provinciales.
Por estos ilícitos, la Fiscalía les atribuyó los delitos de exacciones ilegales agravadas (por haber empleado intimidación y por el destino asignado al dinero indebidamente exigido) y abuso de autoridad por ejercicio de órdenes contrarias a las disposiciones legales.
Medidas cautelares
La Fiscalía adelantó que solicitará la prisión preventiva de los dos jefes policiales imputados este jueves. Por tal motivo, se fijó para el lunes la realización de la audiencia en la que se debatirán las medidas cautelares.
Por su parte, a los otros tres agentes imputados se les impusieron normas de conducta. Entre ellas, fijar domicilio, prohibición de acercamiento y contacto por cualquier medio con la víctima, con un testigo y con los otros imputados. Además, para recuperar su libertad, deberán constituir una fianza personal de 30 mil pesos cada uno.
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