El jueves próximo, cuando los ministros de Educación y de Trabajo de la provincia de Buenos Aires se encierren en una habitación con los jefes del Frente Gremial Docente, habrá comenzado la discusión que Mauricio Macri considera la más relevante del año. La paritaria del gremio que reúne a la mitad de los empleados públicos del distrito más poblado del país será la que marque la cifra que el Presidente espera para el resto de las discusiones salariales de trabajadores estatales y, cuando se pone maximalista, de los privados.

Los funcionarios de María Eugenia Vidal ofrecerán un 15% de aumento. Seco, sin otro adorno que la utópica promesa de que con esa suba los docentes no perderán poder adquisitivo en 2018, porque esa misma es la meta de inflación que se impuso la Casa Rosada. En las oficinas de la Gobernación saben que esa cifra no conformará a los representantes de los sindicatos -todos los economistas pronostican hoy una inflación cercana al 20%- y por eso se preparan para veinte días de conversaciones poco fluidas. “Esperamos que de acá al 5 de marzo haya al menos 4 ó 5 reuniones con los docentes. Nosotros nos mostraremos siempre negociadores , pero no podemos ofrecer otra cifra que ese 15% que quiere el Presidente”, explica un funcionario de Vidal.

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Ese número es el que acordó Vidal en las conversaciones que tuvo en las últimas semanas con el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. A diferencia de lo que ocurrió el año pasado, esta vez no habrá un ofrecimiento de implementar una “cláusula gatillo” que permita mejorar los salarios cuando la inflación supere el 15% previsto.

La intención que mueve a la Casa Rosada desde finales de 2017 esterminar con el “gatillo” para “evitar la indexación de la economía”. Es un plan difícil de aceptar para los asalariados, que verán cómo sus ingresos terminarán creciendo a un ritmo menor al de los otros precios que sí están indexados, como alquileres, combustibles o, según promueve el propio Gobierno, las tarifas de los servicios públicos.

En La Plata están determinados a cumplir esa orden, e incluso creen que en los últimos meses consiguieron una ventaja en la discusión con los docentes.

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Cerca de Vidal estiman que la figura de Roberto Baradel, jefe del Suteba y la cara más notoria de los gremios docentes, quedó más enredada que antes en la disputa de la política de partidos. “En las últimas semanas Baradel se sacó una foto participando en el armado que quiere hacer el PJ y otra organizando la marcha de Moyano. Eso lo puso muy opositor. Va a hablar en el escenario del acto de Moyano.¿Quién le va a creer que cuando discuta con nosotros no va a estar pensando en su propia conveniencia política?”, se entusiasma un ministro bonaerense. El funcionario prefiere no considerar que los docentes también podrán estimar que la oferta del 15% está determinada más por la necesidad política del oficialismo que por la situación presupuestaria de la provincia de Buenos Aires, que este año, y los que siguen, tendrá una situación algo más aliviada por la reposición de los fondos que estaban asignados a la reparación histórica del conurbano.

Si no hay cláusula gatillo, ¿podría haber un mecanismo no automático para revisar el aumento si la inflación se dispara? “En la Casa Rosada no nos autorizaron nada de eso”, se sincera un hombre de Vidal que sigue de muy cerca las negociaciones.

Con esa restricción, en el gobierno bonaerense ya se preparan para que las clases arranquen con huelgas, tal como ocurrió el año pasado, cuando el primer mes quedó salpicado por los paros. Allí calculan que la gobernadora tiene el consenso popular suficiente como para enredarse en otra pelea con los gremios docentes.

En los sindicatos también están condicionados. Los docentes, incluso los que no están dedicados a la enseñanza de las matemáticas, hacen cuentas. La combinación de la suba del transporte, los combustibles, la electricidad, el gas, los peajes y el dólar que ocurrió en lo que va del verano pone nervioso a cualquier asalariado.