Redacción El Informe de Ceres
El objetivo del proyecto (que ya es una realidad) es darle prioridad al mejorado y mantenimiento de los caminos rurales del territorio provincial, mediante el diseño de trazas viales.
“Si bien se designa al Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología como autoridad de aplicación, está prevista la articulación de cursos de acción junto al Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat y a la Dirección Provincial de Vialidad”, le dijo a Campolitoral Matías Giorgetti, Director Provincial de Coordinación y Articulación Territorial.
Y agregó que está pensado para diseñar las trazas prioritarias que permitan causar “un impacto productivo en clave de arraigo. Que la gente pueda nacer, crecer y desarrollarse en su lugar de origen”.
Éxodo que no para
Giorgetti manifestó la preocupación por un fenómeno que no se detiene: el éxodo de zonas rurales a los ejidos urbanos. “Si bien comenzamos a trabajar sobre la información del Censo Nacional Agropecuario, nos fuimos centrando en la drástica reducción del número de electores en los padrones de las zonas rurales”, graficó.
Ante este escenario, la prioridad del plan pasa por empezar a reconstruir el entramado vial rural con el aporte de una partida inicial de $ 100 millones que fueron redireccionados a este fin. Además, se gestionó un aporte extra de unos U$ S 3 millones ante el BID a través del Ministerio del Interior y Transporte de la Nación.
Plan de acción
El programa está compuesto por varias líneas de acción, que pretenden dar impulso a una mayor interacción de los estamentos oficiales en conjunto con las entidades.
La primera línea es el relevamiento de las necesidades, en donde el Ministerio de Producción, Cíencia y Tecnología hará los relevamientos en conjunto con otras reparticiones provinciales y demás entidades públicas y privadas, “al efecto de formularlos con las propuestas de mejoramiento respecto del estado actual de los caminos rurales de la provincia”.
La segunda, es la elaboración de informes técnicos. Una vez efectuados los relevamientos, el Ministerio podrá solicitar informes técnicos internos o requerir la colaboración de otras dependencias ministeriales, entidades públicas y privadas, al efecto de determinar nuevas trazas o mejoras prioritarias, en base a las necesidades y pautas objetivas de evaluación.
La tercera línea es la implementación y monitoreo. Ya con los informes sobre la viabilidad de los requerimientos, se proyectarán los principales “objetivos o puntos de conectividad” de los caminos rurales trazados o proyectados, ante la presencia física en el territorio de establecimientos educativos, centros sanitarios, PYMES, tambos, producciones de agroalimentos en todas sus variantes (cerdos, pollos, huevos, miel, entre otros) y demás actividades ganaderas y agrícolas.
“El relevamiento de los puntos de conectividad serán aportados por la Dirección General de Sistemas de Información, previo cotejo con los datos surgidos del Registro Único de Producciones Primarias-RUPP- u otros registros públicos afines. Mediante dicho informe será posible acceder a información georreferenciada, que permitirá seleccionar una traza rural, que luego será validada y constatada in situ”, asegura la disposición.
Según Giorgetti, “la traza rural priorizada será la que contenga la mayor coincidencia de objetivos o puntos de conectividad ante los parámetros que se delimiten previamente”.
El último punto es la ejecución. Definida y comunicada la traza rural prioritaria, se requerirá la colaboración y análisis de la Dirección Provincial de Vialidad para evaluar en cada caso las herramientas o medios, tiempos, formas y demás modos a los fines de proyectar la implementación o ejecución de obras, mantenimiento y/o conservación de caminos rurales acorde a la traza proyectada, conforme a la normativa que rige su accionar y funcionamiento.
Finalmente, explicó que para la implementación de dicho programa se otorgarán ayudas económicas en concepto de aportes no reintegrables (ANR) a los Municipios y Comunas, quienes actuarán como nexo para llevar adelante la ejecución de obra, cubriendo los costos de insumos y materiales mediante la celebración de un convenio que será de exclusiva competencia de la Dirección Provincial de Vialidad.
