Redacción El Informe de Ceres
Las auditorías que impulsa el Gobierno consistirán en analizar los 306 convenios que se firmaron durante toda la gestión de Alberto Fernández entre las universidades y los organismos públicos y ministerios involucrados. Los acuerdos que ahora están en la mira del Ejecutivo consisten en contratos por los cuales dichos organismos les pagaban a las instituciones académicas para recibir de ellas servicios como consultorías, capacitaciones, diplomaturas, desarrollos en sistemas y transferencias de conocimientos varias.
En su comunicado posterior a la Marcha Federal Universitaria, Javier Milei anunció que el Gobierno se dedicaría, directamente, a auditar a las casas de estudios para controlar el manejo de sus fondos. "Porque ese dinero surge del esfuerzo que hacen la mayoría de los argentinos que viven debajo de la línea de la pobreza y no puede ni debe ser utilizado para engordar los bolsillos de algunos que han hecho un negocio de la educación pública", fundamentó entonces el presidente.
Sin embargo, fuentes calificadas en la materia, como el propio titular de la Auditoría General de la Nación (AGN), Juan Manuel Olmos, pusieron un freno a las pretensiones del presidente. El Poder Ejecutivo, por mandato constitucional, no tiene autoridad para auditar las universidades, indicaron. Quien sí puede hacerlo es, precisamente, la AGN, que no depende del Ejecutivo sino del Congreso y que, de hecho, está auditando actualmente a varias casas de estudios según el procedimiento correspondiente.
Esta vez, el Gobierno encontró una vuelta de tuerca para dar curso a sus sospechas contra la universidad pública: auditará desde la SIGEN, el órgano de control interno del Poder Ejecutivo, y realizará el control desde áreas sobre las que sí tiene competencia: “Auditaremos a través de los ministerios y organismos públicos, no desde las universidades”, dijeron fuentes oficiales al portal de TN.
Según detalló el mismo medio, los contratos entre organismos o ministerios y las instituciones académicas firmados durante la gestión anterior alcanzaron valores de entre los $2 millones y los $170 millones, y todos tenían que ver con los motivos de intercambio tecnológico y de conocimiento mencionados más arriba. Por ejemplo, el convenio por el valor más alto detallado se acordó entre la Universidad de La Matanza y la Biblioteca Nacional, organismo que recibió de la casa de estudios insumos tecnológicos para digitalizar documentos.
De este modo, el Gobierno mantiene una mirada según la cual la universidad pública supone, primordialmente, un alto volumen de gastos para fortalecer negocios corruptos y "privilegios" de "la casta". Tal posición fue cuestionada por el propio Olmos la semana pasada.
“Yo creo que el Gobierno tiene una metodología: primero desprestigia al organismo que va a ajustar para después legitimar ese ajuste. Dice ‘las universidades gastan mal la plata', o 'hay hechos de corrupción’ para después bajarles el presupuesto y no pagar el costo”, expresó el presidente de la AGN
