Redacción El Informe de Ceres
Desde la CTERA rechazamos enérgicamente el documento que circula bajo el nombre de “Ley de Libertad Educativa” y lo refutamos por tratarse de un verdadero ataque al sistema democrático en su conjunto, que en todo su contenido arremete en contra de la garantía estatal del derecho a la educación, de la escuela pública, de las organizaciones sindicales y de los derechos sociales y laborales conquistados durante años de luchas sostenidas desde el campo popular.
Los autores de esta iniciativa intentan derogar la ley de educación vigente (LEN 26.206), que fue el resultado de amplios y profundos debates con todos los sectores representativos de la sociedad y de los distintos espacios políticos.
Desconocen e ignoran el proceso de participación respetuosa y plural que en el año 2006 logró definir a la educación como un derecho social y al conocimiento como un bien público, para reemplazarlo de manera antidemocrática con otro proyecto que claramente responde a los mandatos e intereses de las corporaciones empresariales del sector privado económicamente más concentrado, definiendo a la educación como un servicio y centrándose en los principios de la libertad individual por sobre los intereses sociales.
Desde nuestra organización sindical observamos con preocupación que bajo el uso banalizado de valor de la “libertad”, este proyecto de la derecha en la Argentina pretenda eliminar la figura del Estado como garante principal del derecho a la educación y su responsabilidad total por el financiamiento de todo el sistema educativo, relegando su rol a la mera subsidiariedad.
Lo rechazamos también por tratarse de un proyecto conservador que impone la idea de la familia como la figura preferentemente responsable de la educación de sus hijos, obturando cualquier principio colectivo de socialización en las escuelas, de igualdad ante el derecho y de justicia social. Además introduce la formación religiosa confesional en la educación pública y promueve la educación en los propios hogares (homeschooling).
Con la derogación que impulsan ya no tendrían vigencia el Art. 9° de la LEN “El Estado garantiza el financiamiento del Sistema Educativo Nacional conforme a las previsiones de la presente ley. Cumplidas las metas de financiamiento establecidas en la Ley N° 26.075, el presupuesto consolidado del Estado Nacional, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires destinado exclusivamente a educación, no será inferior al seis por ciento (6 %) del Producto Interno Bruto (PIB); ni el Art. 10 “El Estado Nacional no suscribirá tratados bilaterales o multilaterales de libre comercio que impliquen concebir la educación como un servicio lucrativo o alienten cualquier forma de mercantilización de la educación pública”.
Incluso, plantean el paso del financiamiento al sistema y sus instituciones al financiamiento de la demanda y los usuarios (financiamiento individual, voucher a las familias que mandan a sus hijos a escuelas privadas).
Entre otras vulneraciones, el proyecto arremete contra el derecho a huelga declarando a la educación general básica como «servicio esencial», sosteniendo la idea de «continuidad mínima del servicio educativo» durante medidas de fuerza o paros, lo que de por sí, resulta insostenible. introducen la prueba estandarizada a la finalización de los estudios primarios y secundarios, como si no sirviera de nada toda la evaluación procesual y formativa que se realiza en las trayectorias estudiantiles; y también avanzan con la imposición de una evaluación punitiva para la docencia ligada a los postulados de la meritocracia.
Por todo esto, rechazamos públicamente este nuevo intento de los sectores de la derecha en el que se quiere avanzar con la privatización y destrucción de la Educación Pública. Se trata de un verdadero retroceso reaccionario que pretende llevarnos educativamente al siglo XIX.
