Amsafe exige proteger los derechos previsionales en la reforma constitucional

Mientras se desarrollan los primeros debates en las Comisiones que definirán las reformas a la Constitución Provincial, autoridades del gremio de docentes públicos de Santa Fe presentaron un documento ante la Convención Reformadora, en el que proponen una serie de puntos clave para el armado de la nueva Carta Magna.

Desde Amsafé propusieron incorporar en la nueva Constitución Provincial una serie de puntos esenciales:

Garantía de un salario digno para las y los docentes de todos los niveles educativos, que permita el acceso a la vivienda, la salud, la cultura, la capacitación permanente y el ocio, asegurando así una verdadera calidad de vida.
Incorporación de las Convenciones Colectivas para el personal docente (Ley 12.958/08), consolidando la defensa de los derechos laborales y fortaleciendo la negociación colectiva como herramienta de dignificación profesional.
Creación del Consejo Provincial de Educación, para que todos los integrantes de la comunidad educativa se conviertan en protagonistas reales en la toma de decisiones y en el funcionamiento del sistema educativo.
Inclusión plena de los principios y derechos ya establecidos en la Ley Nacional de Educación N° 26.206, asegurando que la nueva Carta Magna provincial no resigna ni retrocede en conquistas ya garantizadas a nivel nacional.
En materia previsional buscan incluir:

Sistema Solidario y de Reparto Estatal. (La Caja debe ser intransferible a la Nación ó al Sector Privado).
Se debe garantizar el 82% móvil para todos los jubilados.
Rodrigo Alonso, secretario general del gremio, explicó por Veo Noticias: “estamos sufriendo una ley jubilatoria que está perjudicando tanto a los activos como a los pasivos. Los jubilados ven cómo sus haberes aumentan pero no de acuerdo a los índices de precios, sino a un índice mucho menor. Son grandes las preocupaciones que tenemos sobre el tema jubilatorio y por eso lo hemos planteado. Y planteamos también cuestiones sobre el sistema educativo. Para nosotros es un derecho que lo debe garantizar el estado provincial, con la obligatoriedad del nivel inicial, primario y secundario. Debe garantizar la educación sexual integral y la educación bilingüe. Debe destinar recursos para sostener el sistema, no solo respecta a la infraestructura sino también para que los estudiantes puedan asistir”.