Redacción El Informe de Ceres
El Gobierno dio un nuevo paso en la auditoría de las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral (PNCIL), en el marco de un proceso que va a analizar a más de un millón de casos. El Ministerio de Salud de la Nación envió ayer las primeras 300.000 cartas documento a beneficiarios de las provincias de Chaco, Buenos Aires, Tucumán, Mendoza, San Luis y Santa Fe.
La medida busca garantizar el cumplimiento de los requisitos legales y asegurar que el beneficio llegue exclusivamente a quienes lo necesitan. Según explicaron desde la cartera de Salud, no hay un perfil específico, salvo que hayan sido adjudicadas entre 2020 y 2023. es decir, se prestará especial atención en las pensiones otorgadas durante el gobierno de Alberto Fernández.
A raíz de las irregularidades encontradas en los procesos de entrega de estas pensiones, se va a auditar al universo de pensionados. Se prevé que el análisis de la totalidad de pensiones activas concluya en la primera mitad de 2025. Ahora se auditarán a beneficiarios para verificar el cumplimiento de requisitos y asegurar que el beneficio llegue exclusivamente a quienes lo necesitan.
Las citaciones ocurrirán a partir de marzo y los detalles del turno se explicitaron en las cartas documento. Después de la cita, los beneficiarios tendrán 30 días para enviar la documentación médica relacionada con la incapacidad laboral, actual y escaneada (no la original).
Así como es obligatorio asistir a la citación; la inasistencia puede llevar a la suspensión de la PNC. Si no se puede concurrir, se debe justificar hasta 24 horas antes, con documentación que justifique la ausencia y copia del DNI. Los beneficiarios también pueden renunciar voluntariamente a la pensión, enviando una nota firmada y copia del DNI a ANSES.
El control sobre las pensiones por invalidez será sobre el 100% del padrón de beneficiarios. Comenzó en 2024 tras detectarse irregularidades en la asignación de pensiones. Esta medida excluye a menores de edad y a quienes ya fueron auditados en 2024. Se arrancó por la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires, donde en septiembre, en las primeras 10.900 pensiones relevadas entre más de 330.000 otorgadas en ambos distritos, se detectó que la mayoría de los destinatarios no vive donde había declarado y menos de la mitad cumple con los requisitos para acceder a la pensión.
