

Alertan por la incertidumbre sobre la continuidad de un programa clave para tratar cardiopatías congénitas
Redacción El Informe de Ceres








La Asociación de Cardiopatías Congénitas expresó su preocupación por la situación actual del Programa Nacional de Cardiopatías Congénitas, una política pública con más de 15 años de trayectoria que permitió salvar miles de vidas en todo el país. En un parte de prensa difundido este martes, la entidad alertó que la incertidumbre sobre su continuidad y el desarme de equipos especializados constituyen, en sí mismos, una forma de daño para las familias que dependen del sistema de salud pública.
El comunicado, titulado “La incertidumbre en sí misma es una forma de daño”, pone el foco en las consecuencias concretas que pueden tener las decisiones administrativas cuando no están acompañadas por una mirada sanitaria. “Las cardiopatías congénitas no esperan. Las familias no esperan. La vida no espera”, subraya el texto, al remarcar la importancia del diagnóstico oportuno, la correcta derivación y la intervención de equipos médicos altamente especializados.
Desde la asociación señalaron que, aunque el programa cuenta con respaldo legal y sigue existiendo en los papeles, la falta de renovación de equipos técnicos y la fragmentación de las redes de atención ponen en riesgo su funcionamiento real. En particular, advirtieron que sin cardiólogos expertos que evalúen y decidan a tiempo, se compromete la eficacia de una política que fue pensada para federalizar la atención y evitar que el lugar de nacimiento determine el destino de los pacientes.


El documento también hace referencia a la situación en Santa Fe, donde existió un programa provincial que garantizó cobertura sostenida más allá de los cambios de gestión, y que actualmente se encuentra sin renovación. Según la entidad, la demora en definiciones —trasladadas al ámbito del Ministerio de Economía— resulta especialmente grave cuando se trata de la salud de bebés y niños.
“La salud no admite improvisación”, advierten, y cuestionan que se tomen decisiones desde una lógica administrativa sin contemplar el impacto humano y sanitario. En ese sentido, sostienen que hacer las cosas tarde o mal no solo tiene un costo humano irreparable, sino también un mayor costo financiero para el sistema.
El parte concluye con un llamado a sostener y fortalecer lo construido durante más de una década y media de trabajo en red entre el Estado, los equipos de salud y las provincias. “Defender lo construido no es ideología: es responsabilidad”, señalaron las autoridades de la asociación, quienes insistieron en que garantizar la salud no es declamarla, sino asegurar su funcionamiento efectivo todos los días.







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