Redacción El Informe de Ceres
Uno de los cambios más relevantes que incluiría esta reforma es hacer que la cadena perpetua tenga un cumplimiento efectivo. Actualmente, la pena máxima de prisión es de 35 años, y tras cumplir ese plazo, el condenado puede acceder a la libertad "por resolución judicial", previo informe de la dirección del penal y de peritos que evalúen su posible reinserción social. La propuesta busca que esta posibilidad quede completamente anulada.
Por otro lado, el proyecto también apunta a endurecer las penas por violación. Hoy en día, el Código Penal establece penas de entre 6 y 15 años de prisión, que pueden extenderse hasta 20 años en caso de agravantes. Sin embargo, desde el Ejecutivo se está evaluando la posibilidad de que este delito sea penado con cadena perpetua, en un intento por aumentar la condena a quienes cometen estos crímenes.
En este sentido, el oficialismo apuesta por un sistema penal más punitivo, que no solo castigue con mayor severidad a los delincuentes, sino que también facilite la reinserción social de aquellos presos que realmente muestren posibilidad de reinsertarse.
Otro aspecto clave de la reforma es la propuesta de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, de construir cárceles de gestión privada para solucionar el problema de la superpoblación en las penitenciarías estatales.
Desde el oficialismo sostienen que las cárceles federales, tal como están organizadas hoy, "son un máster en producir mayor delincuencia". Por esta razón, se considera necesario contar con más infraestructura y leyes adecuadas para garantizar una reintegración efectiva de los presos a la sociedad.
