Redacción El Informe de Ceres
La Cámara de Senadores decidió volver a foja cero un proyecto de ley que estaba a punto de ser aprobado y busca prohibir los nombramientos en las comunas y las municipalidades cuando se inicia el proceso electoral en el último año de mandato de sus gobiernos.
La iniciativa es del senador radical Hugo Rasetto (Iriondo) y busca una regla clara para todas las administraciones de pueblos y ciudades de la provincia de Santa Fe, para separar a jefes comunales e intendentes municipales de las lógicas presiones asociadas a la puja electoral natural del último año de mandato y los apurados pases a planta permanente de personal contratado o directamente el ingreso desde fuera del sector público.
La idea en favor de poner límites bajo la figura de la prohibición, sin embargo, provocó consultas a constitucionalistas y funcionarios de la Casa Gris, justo en la semana en que la propuesta de Rasetto quedaba a un paso de lograr la media sanción. Y primó la prudencia: el expediente N°51047, UCSFL, sigla que significa que fue propuesto por el bloque Unidos para Cambiar Santa Fe y que se trata proyecto de Ley, volvió nomás a comisiones.
Un proceso de controles
El Capítulo V de la Constitución de Santa Fe describe el proceso de Formación y Sanción de las Leyes, que es común a otros cuerpos legislativos. Dispone solo mayorías especiales para los temas que no han tenido previamente el tratamiento en comisiones que deben reunirse durante la semana, antes del día de la sesión. Y reserva otras mayorías agravadas para los asuntos que llegan al momento del debate sin pasar por esos filtros, que son las comisiones. El que tiene menor permeabilidad y es más exigente con la redacción de los textos legales es la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General, que hoy está a cargo del también jefe del bloque del oficialismo, Rodrigo Borla (UCR-San Justo).
En la actual composición del Senado, producto de la elección del 10 de septiembre del año pasado, le otorga al radicalismo que encabeza Borla 13 bancas, más su aliado de Unite, Joaquín Gramajo, 14 de los 19 escaños. Con esos números cualquier mensaje del Poder Ejecutivo o iniciativa de la alianza que gobierna tiene muy amplias chances de prosperar. Y eso se suponía que iba a ocurrir con la norma impulsada por el representante de Iriondo.
Una excepción
Siempre que un proyecto de ley tiene despacho de comisiones y logra avanzar hasta tener un lugar en el Orden del Día, los cuerpos legislativos quedan en condiciones de aprobarlos por simple mayoría, es decir, sin la necesidad de reunir los dos tercios de los presentes que exige un tratamiento sobre tablas.
En otras palabras, cuando los cronistas parlamentarios ven el cuadernillo de los expedientes que están listos para ser sancionados dan por descontado que -salvo una decisión de último momento- se trata de cuestiones que tienen el necesario consenso político para su aprobación.
Son excepcionales los casos en los que un expediente vuelve a comisiones tras haber alcanzado lo necesario para una aprobación de este tipo. Significa volver a la línea de largada cuando se está a un paso de la meta, tras haber logrado superar las vallas que ofrecen las comisiones a las que había sido derivado.
