Deuda de Anses: reclamará la Región Centro mientras Santa Fe ya contrató a sus abogados

El Poder Ejecutivo adjudicó a un estudio jurídico porteño - Cassagne Abogados- el asesoramiento e intervención en las demandas que impulsa Santa Fe. Será por un honorario inicial de 30 millones de pesos. Junta de gobernadores el jueves, para debatir el tema previsional.

Provinciales 25/06/2024 Redacción El Informe de Ceres Redacción El Informe de Ceres

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La Junta de Gobernadores de la Región Centro deliberará este jueves en Santa Fe. A las 11 en el Salón Blanco de la Casa Gris, Maximiliano Pullaro recibirá a sus pares de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; y de Córdoba, Martín Llaryora. El motivo central será discutir con diputados y senadores de cada jurisdicción qué posición se adoptará frente a la deuda que Anses mantiene con las respectivas Cajas de Jubilaciones provinciales. El resultado será, esencialmente, un posicionamiento político como bloque frente al tema.

 
 

En el caso de Santa Fe, a propósito de constituirse la semana pasada la comisión legislativa que analizará la situación previsional local, los funcionarios que asistieron representando al Poder Ejecutivo anunciaron que, además de continuarse el planteo ante la Corte por la deuda generada durante la gestión de Alberto Fernández, también se iniciará un reclamo legal contra el decreto de Javier Milei que directamente frenó el envío de partidas desde Anses a la Caja provincial. Formalizar dichos planteos judiciales había sido casi una condición sine qua non de los legisladores socialistas para votar la ley respectiva en el parlamento. Dichos fondos nacionales están destinados a financiar el déficit previsional de aquellas provincias que no transfirieron sus Cajas a la Nación.

Caso Santa Fe

En lo que respecta a Santa Fe, son dos los planteos legales que se tramitarían contra Anses. El ya formalizado se inició, en rigor, en el último trimestre de la gestión de Omar Perotti por los fondos nacionales comprometidos y no transferidos. El planteo, en ese caso, se inició por 400 mil millones de pesos. Pero la gestión actual entendió que dicha presentación "tenía errores formales" y que el monto reclamado estaba subestimado. Según los cálculos del gobierno de Maximiliano Pullaro, los incumplimientos superaban los 600 mil millones.

El segundo planteo estará orientado a impugnar el decreto Nro. 280/24 del presidente Javier Milei, que directamente elimina dichas transferencias a las provincias.

 Para ambos casos, según pudo saber El Litoral, el Poder Ejecutivo acaba de contratar a un estudio jurídico porteño que deberá tramitar los reclamos. Mediante decreto Nro. 803 del 13 de junio último, el gobierno adjudicó al estudio Cassagne Abogados de la firma CASS S.R.L., la prestación del servicio de "asesoramiento e intervención" en los expedientes mencionados. Por la elaboración de la demanda, la provincia pagará un honorario inicial de 30 millones de pesos, además de un honorario mensual por otros 250 mil pesos", entre otros conceptos.

 Fundamentos

Para argumentar la contratación del citado estudio jurídico, el Ejecutivo planteó "la necesidad de contar con una sólida asistencia técnica que permita estar adecuadamente representados" ante la Corte tanto en el reclamo ya iniciado (durante la gestión anterior) como en el se presentará para impugnar el decreto citado del presidente Milei. Se menciona "la reconocida trayectoria profesional con experiencia comprobable" que acredita el citado estudio, así como "el amplio reconocimiento académico y profesional" de sus abogados. El decreto habla de la "altísima especialidad que tienen sus abogados, su impecable y destacable currículum, y la trayectoria y responsabilidad que han demostrado en su profesión". También se consigna que a criterio del ministro de Gobierno, Fabián Bastia (uno de los firmantes del decreto), "los honorarios resultan razonables, en relación al asesoramiento" requerido. Finalmente, se menciona que el mismo estudio jurídico ya fue contratado por el Ministerio de Infraestructura de la provincia para para el análisis jurídico del contrato de concesión por el peaje de la autopista Santa Fe – Rosario

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