Redacción El Informe de Ceres
La Libertad Avanza continúa negociando en el Congreso y, tras llegar a un acuerdo con los bloques de la oposición dialoguista en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, logró imponer su dictamen de mayoría para declarar a la educación como "Servicio Estratégico Esencial". La iniciativa implica garantizar 180 días de clases en las escuelas públicas del país y evitar que los alumnos pierdan días de clases por los paros docentes.
El dictamen -que reunió 18 firmas- quedó conformado en base a las iniciativas impulsadas por Alejandro Finocchiaro (PRO), Carla Carrizo (UCR-Caba) y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica-Caba), y quedó listo para ser tratado en el recinto.
Los puntos centrales del dictamen de mayoría busca declarar a la Educación como Servicio Estratégico Esencial en todos los niveles y modalidades comprendidas en la obligatoriedad escolar, para garantizar la protección y promoción integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes en el cumplimiento efectivo del ciclo lectivo completo.
En ese sentido señala que el Estado Nacional y las provincias deberán garantizar el ejercicio del derecho a la educación en todo el ciclo lectivo escolar durante los días de clases afectados por medidas de acción directa, indirecta, paro o huelga docente y no docente y deberán establecer un sistema de guardias mínimas obligatorias.
Cruces en la Comisión de Educación entre el oficialismo y el peronismo
La reunión de comisión tuvo momentos de fuerte tensión. Los cruces y las acusaciones cruzadas entre diputados del PRO, LLA y Unión por la Patria forzaron a que el presidente del cuerpo, Alejandro Finocchiaro, amenazara con suspender el encuentro.
El propio diputado del PRO dijo: "La educación debe proveer a nuestros chicos de libertad y por eso nuestro proyecto declara a la educación como servicio estratégico esencial", y señaló que "el Estado tiene la responsabilidad principal e indelegable de proveer los medios para garantizar una educación integral, permanente, gratuita y de calidad".
En línea con el diputado macrista, Santiago Santurio (LLA-Buenos Aires) argumentó que "en los últimos años la educación se ha degradado". "Venimos retrocediendo en alfabetización. Es importante que el dictamen sea tratado para que la educación sea un servicio esencial", enfatizó.
Desde la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, coincidió y señaló que "la propuesta del dictamen es un equilibrio que intenta resolver esa tensión de dos derechos que están en pugna, no hay en nuestro encuadre constitucional, normativo ningún tipo de derecho absoluto. Entonces nosotros buscamos y encontramos una redacción que equilibra y, de alguna manera, quita la tensión de dos derechos en pugna, pero que un derecho, que nosotros queremos poner en valor: el derecho del interés superior de los niños y niñas y adolescentes en nuestro país".
Sin embargo, el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, cruzó al oficialismo y sus allegados y se quejó de que no se hayan realizado reuniones informativas. Además, denunció que están pasando cosas "raras con los giros a las comisiones, y algunos son innecesarios principalmente con los que somos opositores al Gobierno".
La diputada Romina del Pla (FIT-Buenos Aires) también se opuso a la iniciativa y expresó que "el objeto de estos proyectos es un engaño gigante" y apuntó que "si quieren garantizar la educación tienen que asegurar su financiamiento". Por último, afirmó que "las familias padecen las políticas de los distintos gobiernos, no los paros docentes".
También desde la oposición, la diputada Blanca Osuna (Unión por la Patria-Buenos Aires) lamentó que "en un contexto de desfinanciamiento de la educación, y de un presidente que declara que viene a destruir el Estado, y la escuela es el Estado, el oficialismo dictaminó desde una mirada restringida de esencialidad que impide el derecho a huelga de los docentes".
"La pregunta es inevitable: ¿Cómo pueden definir esencial aquello que quieren destruir? La esencialidad, tal como lo plantea el dictamen del oficialismo, restringe la posibilidad de pedir por mejoras de la calidad educativa que necesita de mejores condiciones también laborales", planteó.
