La diputada Clara García, junto a legisladoras y legisladores del Frente Progresista, Cívico y Social, pidió al Poder Ejecutivo que informe sobre el endeudamiento asumido por la Empresa Provincial de la Energía (EPE) con la Compañía Administradora del Mercado Eléctrico Mayorista (Cammesa), que según confirmó el propio jefe de Gabinete de ministros, Santiago Cafiero, en su último informe de gestión, supera los 10 mil millones de pesos.

“La EPE no solo distribuye un recurso tan esencial como la energía –remarcó García-, sino que es una prestadora estratégica e indispensable entre los servicios públicos y a seis meses del inicio de la actual gestión, vemos con preocupación la situación de una EPE injustificadamente intervenida, inexplicablemente endeudada, casi sin inversiones ni mantenimiento y cediendo su remanente financiero al Tesoro provincial para otros fines”.

Al respecto, la legisladora socialista mencionó que en el informe de cobranzas de Cammesa al 29/11/2019, la EPE no tenía deuda alguna por la energía consumida. Sin embargo, del último informe de gestión presentado por Cafiero en el Senado de la Nación el pasado 17 de junio, se constata que al 31/5/2020 la deuda de la empresa pública santafesina asciende a $10.173.888.902, equivalente a 3,5 períodos pendientes respecto del último mes facturado.

“La EPE es la empresa pública más importante de Santa Fe”, sostuvo García, poniendo de relieve la cantidad de personal, el volumen de su facturación, la diversidad geográfica de su cobertura, la complejidad técnica de sus equipamientos, y la histórica defensa de su identidad pública. “Por eso solicitamos al Poder Ejecutivo información relativa a este endeudamiento, que debe regularizarse para no poner en riesgo la solvencia de la empresa ni la prestación de este esencial servicio”, afirmó.

Específicamente, la diputada solicitó que el Ejecutivo informe a través de qué actos administrativos del interventor, Mauricio Caussi, se ordenó a las gerencias General y de Administración de la EPE incumplir los vencimientos contractuales, y los fundamentos para hacerlo, que quiebran un estricto historial de cumplimiento de la empresa.

También requirió el detalle de los intereses generados por estos incumplimientos, que acarrean un costo financiero innecesario a afrontar implícitamente por los usuarios del servicio; y de los acuerdos de pago realizados o en instancia de tramitación con Cammesa para evitar la judicialización de dicha deuda, que podrían llevar a la empresa a una virtual cesación de pagos.

Asimismo, García pidió conocer la evolución de ingresos y egresos del corriente año y el saldo en bancos al 31/5/2020, que forma parte del Fondo Unificado de Cuentas Oficiales (Fuco), “ya que, al no haberse utilizado los recursos para cancelar las deudas citadas, el remanente financiero de la EPE estaría siendo utilizado por el Tesoro Provincial para otros fines, poniendo en riesgo la liquidez de la empresa y su capacidad de prestar este servicio público esencial”.