Redacción El Informe de Ceres
Tras la votación en Diputados, el Senado ratificó el rechazo del veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad. De esta manera, se mantiene la vigencia de la normativa aprobada previamente por ambas cámaras. El Gobierno, en línea con su política de no aumentar el gasto público, planea iniciar una judicialización para evitar que la legislación se aplique.El resultado fue avasallante, de los 72 senadores 67 votaron a favor del rechazo y tan solo 7 en contra.
El Senado se prepara para voltear el veto de Milei a la ley de emergencia en Discapacidad
A pocas horas de una elección clave, el Gobierno enfrentará otro duro golpe en el Congreso. En medio del escándalo por las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), el Senado discutirá el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad, que ya fue rechazado en Diputados hace algunas semanas.La sesión está convocada para las 11 de la mañana y fue acordada en una reunión de labor parlamentaria de la que participó Victoria Villarruel junto a los jefes de los bloques. Sin embargo, la vicepresidenta no presidirá la sesión porque estará a cargo del Ejecutivo, debido al viaje de Javier Milei a Estados Unidos. Durante el encuentro se acordó llamar a otra sesión para el 18 de septiembre.Además del rechazo al veto, la oposición avanzará también con un proyecto destinado a recortar el uso de los Decretos de Necesidad y Urgencia, mecanismo que Javier Milei exprimió en estos casi dos años de mandato para esquivar al Congreso. Ambas iniciativas cuentan con respaldo suficiente y no tendrían obstáculos para ser aprobadas.La última sesión en el Senado reflejó la desconsolidación absoluta de los apoyos. El gobierno sólo conservó el respaldo de sus 6 senadores y el aporte de otros tres aliados de distintas fuerzas: Carmen Rivero y Martín Goerling Lara (Pro) y Carolina Losada (UCR).vetoLa Ley que Milei vetó declara la emergencia en el área de hasta diciembre de 2026, con revisión periódica, e incluye: la actualización automática del nomenclador de prestaciones en base al IPC, la recomposición de aranceles a partir del 1° de diciembre de 2023 según inflación acumulada y la actualización mensual de las pensiones no contributivas. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso () el impacto fiscal será mínimo oscilando entre el 0,28% del PBI y el 0,51%.De confirmarse el rechazo, sería la primera vez en 22 años que el Congreso desafía de esta manera al Ejecutivo: la última vez fue el 12 de marzo de 2003, durante la presidencia de Eduardo Duhalde, cuando el Parlamento insistió con la ley 25.715, que reducía los aranceles de importación del azúcar, pese a que el mandatario interino había decidido aplicar un veto.
