Redacción El Informe de Ceres
La Empresa Provincial de la Energía (EPE) dio de baja a más de 15 mil usuarios que accedían al beneficio de la tarifa social tras detectar abusos, excesos y posibles fraudes. El relevamiento, realizado en conjunto con los ministerios de Desarrollo Productivo y de Economía de Santa Fe, expuso numerosas irregularidades que derivaron en la eliminación del subsidio en miles de casos.
Entre las situaciones detectadas se encuentran suministros vinculados a personas fallecidas, inmuebles en alquiler, locales comerciales, propiedades ubicadas en barrios de alto valor inmobiliario, y beneficiarios con consumos de electricidad desproporcionados para el perfil de un hogar de bajos ingresos.
La tarifa social tiene como finalidad garantizar el acceso a un consumo eléctrico razonable y eficiente para los hogares vulnerables. La diferencia entre el costo real del servicio y lo que abona el usuario es absorbida por el Estado provincial. Por eso, las autoridades advierten que el uso indebido del beneficio afecta directamente a la eficiencia en la asignación de recursos públicos y a la equidad del sistema.
Casos llamativos
Algunos de los casos que motivaron la baja del beneficio incluyen:
Consumos de hasta 6.500 kW bimestrales en barrios residenciales, muy por encima del promedio de 700/800 kW. En uno de esos casos, el usuario pagó $1.028.237 sobre una factura de $1.477.057, y el Estado subsidió los $448.820 restantes.
En Funes, un usuario pagó apenas $17.584 sobre una factura de $720.000, con un consumo de 3.000 kW. El subsidio estatal fue de $703.083.
En un solo circuito de medición, durante abril se identificaron 13 usuarios con consumos superiores a los 5.000 kW, con facturas que oscilaron entre $1.000.000 y $1.500.000. El Gobierno provincial debió cubrir en total $4.681.000 en subsidios.
Se detectaron beneficiarios registrados ante ARCA como Responsables Inscriptos, es decir, personas que tributan en el régimen general y desarrollan actividades económicas formales.
También hubo casos de personas jubiladas que ya no residían en el domicilio declarado pero continuaban recibiendo el subsidio.
Desde la EPE anunciaron que en los próximos días se intensificarán los controles, con el objetivo de garantizar que el beneficio llegue a quienes realmente lo necesitan.
