Michlig: “El sistema acusatorio santafesino es el modelo a seguir”.

“Vemos con profunda preocupación que la pretendida reforma judicial planteada por el Frente para Todos (PJ) intenta avanzar en la creación de numerosos juzgados, fiscalías, incluso ampliando los miembros de la Corte Suprema de Justicia, para que los nuevos funcionarios judiciales puedan ser manejados y/o condicionados por el Gobierno actual a través del Consejo de la Magistratura, volviendo al viejo axioma de colonizar el Poder Judicial para consagrar mayor impunidad, al que nos tienen acostumbrados”, sostuvo el legislador.

“Necesitamos una Justicia Federal rápida, accesible, transparente y eficiente, que -como en el caso de nuestra Provincia- atienda las demandas históricas, con equidad jurisdiccional en todas las regiones, acercando el servicio de justicia con efectividad e igualdad a los ciudadanos de todas las geografías, en honor a un auténtico federalismo judicial. Consecuentemente apoyamos la posición pública asumida por los Diputados Nacionales de la UCR y el PS de no votar a favor del proyecto”, indicó Felipe Michlig.

En este caso, el proyecto está centrado en el fuero penal federal, y especialmente en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires, particularmente en los tribunales de “Comodoro Py” -curiosamente- en donde se tramitan la mayoría de las causas de corrupción del Kirchnerismo, lo cual inevitablemente lleva a la sospecha de que se intenta consagrar mayor impunidad.

“Avanzar hacia un sistema acusatorio”

“Creemos -como lo plantean muchos constitucionalistas y penalistas- que una opción válida a través de un debate profundo sería seguir el camino marcado por el Frente Progresista en la Provincia de Santa Fe: avanzar hacia el sistema acusatorio para los trámites penales. El proyecto del PJ por lo contrario lo que hace es abonar el sistema inquisitivo, el cual es anacrónico y agotado en el mundo en cuanto a diseño de modelo judicial para la persecución del delito.

Este sistema, el acusatorio, brinda mayor celeridad y garantías que el Derecho Procesal Penal ha desarrollado, donde el juez controla y los fiscales investigan y acusan. Esa es la forma más segura de salir de la lógica del “toma y daca” de los jueces omnipotentes, y avanzar a mecanismos de mayor transparencia y productividad institucional.

El expediente tiene que dejar de ser un pozo secreto de donde el juez extrae lo que le conviene, para pasar a ser una construcción de las partes, con la publicidad republicana necesaria, asegurando los derechos de los encausados y la libertad de prensa”, sostuvo el senador.

EL LITORAL