La Unión de Usuarios y Consumidores de Santa Fe advierte que el sobreendeudamiento con tarjetas de créditos y financieras se incrementó. Lo que preocupa es que es para "satisfacer necesidades".
Provinciales25/11/2025
Redacción El Informe de Ceres
La deuda de los argentinos con bancos, financieras, billeteras virtuales, tarjetas y supermercados aumentó un 75% en el último año y ya supera los 5 millones de pesos por persona. En la provincia de Santa Fe, la Unión de Usuarios y Consumidores advierte un fuerte incremento de casos de sobreendeudamiento entre empleados estatales, jubilados y pensionados.
La situación financiera de los hogares argentinos atraviesa uno de sus momentos más críticos. Según el último reporte de prestadores no financieros del Banco Central, más de 6,2 millones de personas mantienen deudas con entidades financieras y comerciales, con montos que promedian los 5 millones de pesos por usuario. A esto se suma un dato relevante: la deuda con tarjetas de crédito creció un 55% en términos reales entre julio de 2024 y julio de 2025, de acuerdo con un informe de Chequeado.
En Santa Fe, la presidenta de la Unión de Usuarios y Consumidores, María Laura Mayoraz, advirtió que el fenómeno del sobreendeudamiento “creció de manera sostenida en los últimos años” y que hoy alcanza niveles similares a los registrados hace más de una década, cuando se produjo una ola de pedidos de quiebra entre trabajadores del sector público.
“Los consumidores están gastando más de lo que sus ingresos les permiten, no por bienes suntuarios, sino para cubrir necesidades básicas. Se perdió completamente la capacidad de ahorro”, explicó Mayoraz en El Cuarto Poder.
Empleados estatales, jubilados y pensionados, los más afectados
La entidad observa un incremento marcado de problemas de deuda en administrativos de la provincia, docentes, policías, jubilados y pensionados. Muchos de ellos destinan la totalidad de sus ingresos al pago de créditos, resúmenes de tarjeta o débitos automáticos impuestos por los bancos.
“Hay gente que no cobra un solo centavo de su sueldo o jubilación porque el banco le descuenta todo automáticamente. En algunos casos, aun cuando el consumidor pidió retirar el débito total, la entidad no lo cumple”, denunció Mayoraz.
Tasas por encima de la inflación y cargos no solicitados
Uno de los puntos más críticos es el costo financiero de los préstamos de consumo. En bancos oficiales, las tasas totales superan el 110%, mientras que en entidades no bancarias pueden llegar al 130% o 140%, muy por encima de los índices inflacionarios.
A esto se suman seguros y servicios que se agregan de manera automática en los resúmenes: seguros de hogar, de cristales, seguros personales o coberturas por robo de tarjeta que “muchas veces no sirven para nada”, sostiene la abogada. Estos cargos pueden representar entre 30 mil y 40 mil pesos mensuales.
“Hay una profunda falta de educación financiera. Muchos usuarios no saben que pueden rechazar esos cargos, exigir el resumen impreso o presentar una nota formal para que quiten un débito automático”, indicó.
Ciberestafas y créditos automáticos: un combo explosivo
La referente de la Unión también alertó sobre el avance de las ciberestafas, que vacían cuentas en segundos a través de transferencias encadenadas. “Antes para pedir una tarjeta había que demostrar solvencia. Hoy con un botón te dan un crédito, y eso deja al consumidor totalmente expuesto”, señaló.
Incluso personas con ingresos mínimos tienen acceso a cinco, seis o siete tarjetas de crédito, lo que agrava el riesgo de endeudamiento descontrolado.
El riesgo de los pagarés y las ejecuciones
Otra modalidad en crecimiento son las financieras o comercios que otorgan créditos y hacen firmar pagarés como garantía. Estos documentos luego se ejecutan como títulos ejecutivos, lo que permite embargos inmediatos.
“Estamos logrando que la Justicia empiece a investigar cuando detrás de un pagaré hay una relación de consumo, algo que antes no se hacía. Pero todavía quedan muchos abusos por frenar”, afirmó Mayoraz.
“Falta control del Banco Central”
Para la presidenta de la Unión de Usuarios y Consumidores, la solución requiere una política pública clara y firme: “El Banco Central debería controlar realmente a bancos y financieras. No puede ser que se permitan intereses sobre intereses, algo que está prohibido, y que aun así se aplique libremente”.
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