Redacción El Informe de Ceres
La EPE cortó el beneficio a usuarios que falsearon datos para acceder a la tarifa subsidiada. Hay casos en barrios privados, comercios e inmuebles a nombre de fallecidos. Analizan acciones judiciales y podrían sumarse 18 mil más.
Un operativo conjunto entre la Empresa Provincial de la Energía (EPE), el Ministerio de Desarrollo Productivo y el Ministerio de Economía permitió detectar más de 15.000 casos irregulares en el otorgamiento de la tarifa social eléctrica en toda la provincia. Según informó la presidenta de la EPE, Anahí Rodríguez, ya se procedió al corte del beneficio y se evalúan sanciones legales.
“Estamos hablando de usuarios que han accedido a una tarifa sin reunir los requisitos para tenerla”, explicó Rodríguez en diálogo con LT10. La funcionaria detalló que el subsidio, que absorbe hasta un 50% del costo de la factura, está destinado a hogares de menores ingresos. “Estamos hablando de recursos públicos. Son aportes que salen del Tesoro y que están directamente vinculados con las contribuciones tributarias que todos nosotros realizamos”, remarcó.
Los controles detectaron casos insólitos: inmuebles en barrios privados, propiedades a nombre de personas fallecidas, viviendas alquiladas y hasta locales comerciales con tarifa subsidiada. “No tenemos ninguna duda de que son situaciones totalmente abusivas que marcan fraudes extremos y excesos en los consumos”, sentenció la presidenta de la EPE.
La maniobra se descubrió a través del cruce de datos con diferentes organismos provinciales. “Fraguaron las declaraciones juradas correspondientes para poder acceder a un beneficio que tiene como objetivo garantizar el consumo eléctrico a hogares vulnerables”, dijo Rodríguez.
La situación representa un perjuicio millonario para las arcas provinciales. “Para tomar dimensión, estamos hablando de un monto equivalente a la construcción de una estación transformadora de alta tensión, entre 20.000 y 30.000 millones de pesos”, advirtió.
Consultada sobre posibles sanciones, fue contundente: “Vamos a iniciar todos los procesos correspondientes que tenemos a nuestro alcance. No vamos a vacilar”. Además, confirmó que se revisan otras 18.000 tarifas sociales más, con fuertes indicios de nuevas irregularidades.
En el departamento La Capital, alrededor del 30% de los casos detectados corresponden a esta jurisdicción. Rodríguez confirmó que las irregularidades “se repiten en todo el territorio provincial”.
Finalmente, vinculó estos controles con un cambio de rumbo en la empresa: “Le estamos dando una nueva impronta a la EPE, con medidas de eficiencia como la instalación de datos biométricos, GPS en la flota, reducción de horas extras y combustible”, afirmó. Y concluyó: “Es importante que las empresas públicas funcionen como cualquier empresa privada. En definitiva, nosotros somos los dueños y tampoco queremos perder dinero”.
