Redacción El Informe de Ceres
Este miércoles sobre el final de la tarde, el gobernador Maximiliano Pullaro encabezará la reunión constitutiva y primera asamblea plenaria del Consejo Económico y Social de la actual gestión que contará con la participación de entidades empresariales, sindicales y organizaciones de la sociedad civil.
El funcionamiento del Consejo está previsto en el decreto 0752 de abril de 2016 firmado por el entonces gobernador Miguel Lifschitz y el ministro de Gobierno, Pablo Farías. Pullaro ya remitió a las cámaras legislativas un mensaje impulsando la creación del Consejo Económico y Social como un órgano de carácter asesor y consultivo en materia económica, productiva, social, laboral, ambiental y científico técnica del Poder Ejecutivo Provincial. "Esta iniciativa insiste en la búsqueda de construir instituciones más sólidas que afirmen la vocación participativa de nuestra democracia, persiguiendo como objetivo del Consejo el diálogo colaborativo entre los distintos sectores de la sociedad para que se puedan plasmar políticas, estrategias y herramientas que sirvan al desarrollo integral de la provincia", señala en los considerandos del mensaje ya aprobado por el Senado y que espera la sanción de la Cámara de Diputados.
"Vamos a empezar por construir mesas de trabajo por áreas (justicia y seguridad, educación y producción e innovación), e ir llevando adelante acuerdos sectoriales para impulsar programas y políticas de estado" señaló a El Litoral, el secretario general de la gobernación, Juan Cruz Cándido quien trabaja en el armado del encuentro.
El decreto de Lifschitz marcaba que "la participación ciudadana es una herramienta fundamental para la legitimación y el diseño de políticas públicas como tarea colectiva", además valoraba el diálogo amplio y la participación plural de los sectores económico — productivos, trabajadores y sociales como "necesarios para garantizar políticas públicas desde una perspectiva integral, asentada en los valores de la integración territorial, la solidaridad y la inclusión social".
Ese decreto prevé una presidencia del Consejo en manos del gobernador y tres vicepresidentes de los diferentes sectores sociales. También prevé la instancia de Asamblea Plenaria integrada por el conjunto de los miembros del Consejo, bajo la coordinación del presidente; una mesa directiva con hasta diez miembros con representación de todos los sectores, y una secretaría general con la coordinación ejecutiva encargada de la asistencia técnica-ejecutiva del Consejo como así también de la gestión administrativa.
El mensaje de Pullaro, que espera la sanción por ley del Consejo, tiene extensos fundamentos donde advierte que "la gobernanta democrática precisa sostenerse cada vez más sobre bases amplias que le den legitimidad a los procesos de decisión y ejecución de las políticas públicas". Acota que "en tiempos de desafección entre Estado y Sociedad, tender puentes, abrir espacios de reflexión y planificación colectiva así como de evaluación conjunta de los resultados de la deliberación se toman indispensables para que la determinación más acertada de las prioridades a las que debe destinarse el esfuerzo conjunto de los santafesinos y las santafesinas. En este sentido, la creación del Consejo Económico y Social establece un marco institucional que facilita la inclusión de diversas voces en el proceso de formulación de políticas. Al incorporar representantes de empleadores, trabajadores, sociedad civil y expertos, se asegura una representación equitativa y plural, reflejando fielmente la diversidad de la sociedad".
El proyecto de ley establece como objetivos del Consejo Económico y Social el brindar asesoramiento permanente al Poder Ejecutivo en materia económica, social, laboral, ambiental, científico técnica y productiva; contribuir a la articulación y desarrollo de las diversas realidades socio-productivas priorizando el equilibrio territorial así como fomentar el diálogo, la generación de consensos y la responsabilidad colectiva en la planificación y formulación de políticas públicas. También fortalecer la institucionalidad democrática y el ejercicio de los derechos ciudadanos conformando un nuevo ámbito de participación ciudadana de escala provincial y realizar aportes en los procesos de diseño, formulación, ejecución y evaluación de políticas.
