“Los chicos vienen y te cuentan que papá se va a comprar una camioneta nueva, lo ves llegar con ropa nueva, en una Toyota Hilux y vos estás haciendo malabares para la comida, para poder comprar tres milanesas y hacer mucho puré y vos no comer”, cuenta Cecilia Bertolino, periodista, integrante de Familias Monomarentales. Lo que vive Cecilia no es una excepción, sino la situación de muchísimas mujeres que se han separado y tienen hijos. En Argentina, hay 1.600.000 mujeres a cargo de sus hogares. En total, hay 3 millones de niños que conviven sólo con sus madres.
 
Según el informe realizado el año pasado por el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, el único realizado hasta ahora en el país, “más de la mitad de las mujeres encuestadas (51,2%) indica no percibir ningún tipo de aporte por parte del progenitor de sus hijas y/o hijos. Dentro del grupo de encuestadas que indican que el progenitor aporta dinero en concepto de obligación alimentaria (41,2%), un 24,9% menciona que es realizado de manera regular y un 15,3% de manera irregular. Es decir, más de la mitad de las encuestadas (66,5%) no recibe obligación alimentaria, o sólo la percibe eventualmente”.

 Mujeres que trabajan, cuidan casi con exclusividad y, además, se endeudan para sostener a sus hijos. “Se me rompió el teléfono y no tengo para reponerlo, encima el padre este mes no cumplió con la obligación de pagar la obra social”, contó un tiempo atrás Paola, otra integrante del mismo colectivo.

 “Investigamos por qué estaba pasando esto, por qué el incumplimiento era tan grande y lo que descubrimos es que hay una multiplicidad de obstáculos en el proceso judicial de alimentos, o sea, es muy difícil litigar y los resultados, cuando las mujeres los sobrepasan, tampoco están garantizando el pago de un monto que sea adecuado”, explicó Sabrina Cartabia, que es Jefa de Gabinete de la Subsecretaría de Políticas de Género y Diversidad Sexual de Buenos Aires.

 Cuando presentaron el informe, y teniendo en cuenta que “además de hacer este diagnóstico, el Estado tiene la responsabilidad de cambiar la realidad”, desde el Ministerio bonaerense hicieron “una serie de sugerencias para la acción”.

 Una de ellas fue el “índice crianza”, que fue presentado el pasado 8 de marzo por el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa. En dos meses, el Estado Nacional habrá establecido “un piso mínimo del valor de los cuidados, por cada edad y por cada niño o niña”, que luego se actualizará mensualmente.

 Durante la presentación, Massa le pidió a la Corte Suprema que “a partir de la publicación del Índice, saque una acordada que establezca obligatoria la aplicación en toda la Justicia de Familia para que nosotros como Estado asumamos la responsabilidad de dar certeza y para que los papás cumplan con sus obligaciones".

De este modo, lo que corresponde pagar por alimentos deja de ser un “misterio”. Cartabia apuntó: “Pensamos que es muy importante darle pautas claras al poder judicial, porque una de las primeras cosas que suceden cuando vos tenés que litigar alimentos es que tu abogado te va a decir que por lo menos durante dos meses juntes todos los tickets de todas las compras que hacés, porque hay que ir a probar el costo del cuidado. El Poder Judicial no puede presumir que cuidar tiene un monto, entonces lo que estamos viendo es que se determinan cosas alimentarias bajísimas, de siete mil, cinco mil, diez mil pesos”.

 Lo que ocurre es invertir la carga sobre quienes están reclamando los derechos de sus hijos. “Nosotros sabemos que el cuidado está muy lejos de eso, que a las mujeres se las somete a una violencia muy grande, porque cuando vos estás en necesidad de juntar los tickets de lo que gastas de cada kilo de papa, de cada pañal y también en Argentina, que hay una creciente economía informal, o sea tampoco es fácil juntar todos los tickets de las compras que hagas, para que después vayas a una audiencia y un abogado te empieza a cuestionar cada uno de esos gastos”.

 Así lo vivió Cecilia Bertolino: “Nos dicen a las madres que demostremos los gastos de la familia. Tuve que hacer eso hace como seis, siete años, juntar todos los tickets, desde el alquiler, los servicios hasta los tickets de lo que gastan mis hijos cuando vamos al kiosco para la escuela. Todo ese trabajo, que es insoportable hacerlo con los chicos todo un mes, es lo que decimos que nos revictimiza y nos judicializa la vida”.

 A eso justamente apunta el Índice Crianza, a “brindarle al Poder Judicial pautas claras para que no puedan esconder más su inoperancia y su ineficacia en el tratamiento de esta cuestión”, dice Cartabia, quien señala que el incumplimiento de ese derecho que hoy afecta a mujeres, niños niñas y adolescentes, incide en la infantilización de la pobreza, ya que el 50% de los niños de ese país son pobres y están viviendo en hogares monomarentales.

 Otra funcionaria, la directora de Economía y Género del Ministerio de Economía de la Nación, Sol Prieto, pone ese empobrecimiento en números. Los hogares con mujeres a cargo representan al 11,7% del total de hogares en el país, de los cuales “el 26,1% tuvo ingresos por debajo de la línea de pobreza y el 4,6% tuvo ingresos menores a la línea de indigencia”. De acuerdo a datos de Unicef, el 50,2% de los hogares en los que no vive el padre de los niños no recibió dinero en concepto de cuota alimentaria en los últimos seis meses, y el 12% sólo recibió cuota alimentaria algunos meses.

 “A esos chicos hay que darles de comer, hay que educarlos, hay que vestirlos. Entonces, las mujeres están endeudadas, la tasa de endeudamiento es ocho puntos más alta en los hogares monoparentales que en el resto de los hogares del país”, resume Cartabia. El mismo estudio de Unicef muestra que el 59% de los hogares monomarentales destina más de la mitad o casi todos sus ingresos al pago de deudas o atrasos; y que el 73% de estos hogares usa el crédito para comprar comida o medicamentos.

 
Desde su propia experiencia, su trabajo académico y el activismo que la lleva a escuchar a decenas de mujeres todos los días, Bertolino considera que el índice crianza “está muy bien pensado, pero tiene que ser ley, porque si lo dejamos a la discrecionalidad de los jueces, seguimos en el horno, ya que fallan con mirada patriarcal. Siguen pensando que es un conflicto conyugal”.

 Bertolino es muy clara para explicar por qué no se trata de un conflicto entre dos partes simétricas. “Así como se desterró el crimen pasional para hablar de los femicidios, hay que entender que cuando una mujer debe recurrir al sistema judicial, está mediando violencia de género. No es un conflicto conyugal, hay una asimetría de poder establecida y una parte sobrecargada”.

 Para ellas, se trata de “abandono paterno” y tiene que ver con un control que los progenitores ejercen sobre sus ex parejas, tras la disolución de la relación. “Sabés cuántas veces los padres les dicen a las mujeres que no le van a dar plata para que la gasten con ‘su macho’”, cuenta Bertolino. Por eso, piden sanciones concretas: existe una ley, la 13.944, sancionada en 1950, que establece: “Se impondrá prisión de un mes a dos años o multa de quinientos a dos mil pesos a los padres que, aun sin mediar sentencia civil, se substrajeren a prestar los medios indispensables para la subsistencia a su hijo menor de dieciocho años, o de más si estuviere impedido”.

 Esa ley no se aplica, porque sigue vigente en la sociedad una idea de abnegación materna, que romantiza la sobrecarga de las mujeres y tolera la falta de responsabilidad paterna. “Necesitamos que toda la institucionalidad corrija este accionar y que se cambie la cultura”, consideró Cartabia.

AIRE DE SANTA FE