Exclusivo: Resolución de Fiscalía sobre el predio ocupado de Nesaglo SA

Locales 04 de febrero de 2021 Por Periódico EL INFORME de Ceres
Resolución "Disponga la FORMACION DE CAUSA PENAL, tendiente a investigar la presunta comisión de delitos penales, tanto de la ley 24051, como del Código Penal, por parte de quienes con su acción o bien su omisión, llevaron a cabo o permitieron la afectación de tan preciado bien jurídico como la salud individual, y la posible afectación de la salud pública en general;  2.- Ordene la urgente CLAUSURA PREVENTIVA del predio
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INFORME COMPLETO

Autos y vistos:
 La presente investigación preliminar iniciada por esta Fiscalía Federal de
Rafaela con fecha 26 de enero del corriente, en los términos de la resolución PGN
121/2006, y en cumplimiento de las funciones de promover la actuación de la justicia
en defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad (art. 120 CN),
con motivo de haber tomado conocimiento el suscripto en esa misma fecha a través
de diversos medios periodísticos, acerca del fallecimiento con fecha 2/1/2021 de una
menor de edad de nombre Xiomara Crespín y la internación de otros dos menores en
distintos centros hospitalarios de esta provincia, como consecuencia de haberse
detectado plomo en sus organismos, en virtud, presumiblemente, de haber vivido con
sus familias en un predio ubicado en la localidad de Ceres (barrio Las Américas,
departamento de San Cristóbal, Santa Fe), que se encuentra en estado de abandono,
donde hasta hace al menos tres años funcionara la fábrica de baterías y regeneradora
de plomo, conocida como Cerplac, que habría pertenecido a la firma Nesaglo S.A.,
persona jurídica ésta que a la fecha se encontraría incursa en un proceso concursal.
 Así, el objeto procesal de la mencionada investigación preliminar,
identificada como 01/21, se encuentra constituido por la determinación de conductas
en presunta infracción a la ley de residuos peligrosos nro.24.051, y a la identificación
de las personas, que por acción u omisión, pudieren resultar penalmente responsables.
 Y considerando:
 Que habiendo realizado un análisis integral y lógicamente
relacionado de las evidencias reunidas, y de los principios jurídicos
involucrados, así como la eventual necesidad de llevar a cabo medidas de índole
jurisdiccional, y la posibilidad de dar intervención a organismos
gubernamentales nacionales, se impone la necesidad de dar por concluida la
presente investigación preliminar y, en lo sustancial, adoptar los siguientes 
temperamentos: 1.- promover la formación de causa penal tendiente a
investigar la presunta comisión de delitos penales, tanto de la ley 24.051, como
del Código Penal, por parte de quienes con su acción o bien su omisión, llevaron
a cabo o permitieron la afectación de tan preciado bien jurídico como la salud
individual, y la posible afectación de la salud pública en general; y 2.- solicitar
al órgano jurisdiccional, el dictado urgente de una medida cautelar de clausura
preventiva del predio en cuestión.
 Todo ello, conforme se explicará en los párrafos siguientes.
 Que en primer lugar, se han agregado a estas actuaciones distintos
artículos periodísticos de diversos medios tanto de la ciudad de Santa Fe como de
Rafaela, que dan cuenta de numerosas circunstancias de interés para la investigación
(fs. 1/15). En tal sentido, se ha informado en tales publicaciones del fallecimiento
aludido, de la internación de otros menores producto de intoxicación con plomo, del
proceso de relocalización iniciado por el municipio de Ceres de las familias que de
manera irregular habitaban en el lugar, del dictado de un decreto municipal
(identificado como 266/21 del 25/1/2021), mediante el cual se declara al predio en
cuestión, NO APTO para ser habitado, y de que la empresa Nesaglo SA, se
encontraría a la fecha en un proceso concursal.
 Por lo tanto, esta Fiscalía Federal ordenó, en igual fecha, una serie
de diligencias probatorias tendientes a constatar los extremos aludidos.
 Así, se obtuvo de la base de datos Nosis, información relevante
respecto de la empresa señalada (Nesaglo SA) y de sus presuntos últimos titulares (fs.
17/40); el Registro Público de Comercio de esta provincia remitió a fs. 107/148, la
totalidad de los antecedentes allí obrantes respecto de la mencionada persona jurídica;
la Municipalidad de Ceres acompañó a fs. 49/106, la totalidad de las constancias
relativas al dictado del mencionado decreto 266/21; y los hospitales Alassia y
Regional de Ceres, remitieron copias de las historias clínicas de los menores víctimas. 
En relación con las actuaciones municipales, importa señalar que lo siguiente: que
la coordinadora de Medio Ambiente del municipio informó a fs. 69, que en el lugar
“...existen algunos restos de materiales e insumos utilizados en la fábrica que
podrían eventualmente producir, sumado a otros factores, inconvenientes en la salud
de los residentes....” (fs. 69), la Secretaría de Obras Públicas informó a fs. 77 que el
inmueble efectivamente pertenece a Nesaglo S.A. (CUIT 30-65541371-1), la
Coordinadora Delegación Oeste de la Dirección de Promoción de los Derechos de la
Niñez, hizo saber a fs. 85 que “....ante la constatación de plomo en sangre en los
análisis de la niña Xiomara Alegre, como posible causal de su fallecimiento, se reitera
la solicitud de carácter urgente al municipio, de la evacuación urgente de todas las
personas que viven en dicho terreno, con prioridad de los niños, niñas y adolescentes”
(fs. 85).
 Asimismo, obran informes de laboratorio que constataron la existencia
de plomo en sangre en los menores víctimas: así, Paulina Miranda 0.15 mg, Martina
Mancilla 0.48 mg, Ingrid González 0.18 mg, y Mateo López Herrera 0.82 mg. (ver
fs. 97/100), disponiéndose su derivación al Hospital Alassia (fs. 103), cuyo director
confirmó en el día de ayer a medios periodísticos, que a la fecha dos de ellos continúan
internados bajo observación y que se está a la espera de medicación proveniente del
Reino de España, para el tratamiento pertinente. En la fecha, asimismo, desde esta
Fiscalía se recabaron otros informes de laboratorio de otros menores también con
niveles de plomo en sangre: Tatiana Alegre (0.15 mg.), y Dionora Miranda (menor a
0.5 mg), encontrándose pendientes otros 8 o 9 resultados de adultos.
 En virtud de ello, el municipio de Ceres emitió con fecha 25/1/2021, el
decreto 226/21, del cual surge que se cuenta con un informe medioambiental que
evidenció la presencia de restos de materiales e insumos utilizados en la fábrica que
podrían producir problemas de salud y que las muestras sanguíneas tomadas a los
niños de las familias asentadas en dicho lugar evidencian presencia de plomo en 
sangre, por lo que se dispuso declarar el inmueble en cuestión como “zona no apta
para ser habitada, por considerarse de riesgo ambiental y peligro sanitario” (fs.
101/102.
 A fs. 107/149 obra información del Registro Público de Comercio,
relativa a la firma Nesaglo S.A., y a fs. 150/188 obran copias de las historias clínicas
de los menores mencionados, con la salvedad de la historia clínica en el Hospital
Alassia de Xiamara Crespín, correspondiente al corriente año, en el cual ocurriera su
fallecimiento.
 Así las cosas, en el día de ayer, dispuse asimismo la realización de otras
ocho diligencias probatorias, algunas de las cuales han sido ya evacuadas, y otras se
encuentran en curso de ejecución. Entre las primeras, importa mencionar que
efectivamente se encuentra constatado a partir de la información documentada a fs.
81 y ss., que los menores aludidos vivían en el predio en cuestión con anterioridad a
habérseles detectado aquellos niveles de plomo en sangre. En tal sentido, la licenciada
Dianela Bertorello, Coordinadora de Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de
Ceres, refirió que en su oportunidad se advirtió la existencia en la parte de atrás, de
agujeros tipo pozos que contienen líquido en su interior que parecía que eran restos
de combustible, como así también se advirtió allí la presencia de restos de batería.
También en el fondo hay una piecita que contiene en el suelo una capa con resto de
algo que a simple vista no es posible saber de qué se trataría, ya que hace muchos años
que el lugar se encuentra abandonado. Según su apreciación estarían contaminados
tanto el suelo como el agua, ello debido a la misma corrosión climática que va
absorbiendo los componentes, razón por la que se solicitó la realización de un estudio
sobre el suelo y el agua para corroborar la existencia de plomo allí. Por último, agrega
que dicho lugar no es habitable, y menos aún para niños, que tiene paredes y techos
derrumbados, siendo un lugar precario, además de las circunstancias de posible
contaminación ya descripta. 
 Por otro lado, el funcionario Oreste Blangini, del Ministerio de
Medio Ambiente provincial, informó ayer vía telefónica, que se recogieron muestras
de varios elementos (residuos, etc.), y que aproximadamente en 15 días se contaría
con los resultados de los informes ambientales llevados a cabo, lo que sería informado
al Ministerio Público de la Acusación en el marco de la investigación que allí se
llevaría a cabo por el fallecimiento de Xiomara Crespín, y el municipio local puso en
conocimiento que otros informes, tendientes a determinar la existencia de plomo en
la red pluvial lindera al predio en cuestión, que alimenta al barrio vecino, denominado
“informe de barrido sanitario”, no ha comenzado aún ya que las precipitaciones
caídas en los últimos días estarían impidiendo la toma de muestras pertinentes.
Tampoco se cuenta a la fecha con el proceso concursal de la empresa ni con la
investigación llevada adelante por el Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe
relacionada con el fallecimiento de Xiomara Crespín, porque a pesar de haber sido
requerida, no han sido remitidos a esta Fiscalía Federal.
 Sentado cuanto precede, y habiendo procedido a hacer un
análisis integral de los eventos que conforman el objeto de la presente, y de los
elementos de juicio colectados, he llegado a la conclusión que se impone proceder
como se solicita en esta presentación.
 En tal sentido, tengo en consideración que el art. 41 de la
Constitución Nacional, dispone que “todos los habitantes gozan del derecho a un
ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las
actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de
las generaciones futuras, y tienen el deber de preservarlo…”, estableciendo además
un mandato ineludible a las autoridades, obligándolas a proveer “….la protección de
este derecho”. Por su parte, la ley 24051 define que será considerado residuo
peligroso, “… todo residuo que pueda causar daño directa o indirectamente, a seres
vivos, o contaminar el suelo, el agua, la atmosfera o el ambiente en general” (art 2). 
Entre ellos se encuentra el plomo, cuyos efectos adversos han sido en el día de la fecha
referenciados por el señor Director del Hospital Alassia, en la nota periodística que se
adjunta, en relación con los menores víctimas en la presente, respecto de quienes
explicó que se habrían encontrado en contacto con el plomo desde al menos seis
meses, y que los tratamientos pertinentes han sido requeridos a nosocomios de la
ciudad de Buenos Aires, e incluso al Reino de España.
 De forma coincidente, el sitio web Mayo Clinic, informa que
“…La intoxicación por plomo ocurre cuando el plomo se acumula en el organismo,
a menudo, durante meses o años. Incluso las cantidades pequeñas de plomo pueden
provocar problemas de salud graves. Los niños menores de 6 años son especialmente
vulnerables a la intoxicación por plomo, que puede afectar gravemente el desarrollo
físico y mental. En niveles muy altos, la intoxicación por plomo puede ser mortal…Los
signos y síntomas del envenenamiento por plomo en los niños incluyen los siguientes:
Retraso en el desarrollo, Dificultades de aprendizaje, Irritabilidad, Pérdida del
apetito, Pérdida de peso, Pereza y fatiga, Dolor abdominal, Vómitos, Estreñimiento,
Pérdida auditiva, Convulsiones….”1
Importa recordar pues, que como ha sido explicado más arriba,
se ha constatado la intoxicación con plomo en al menos seis menores de edad que
habitaban en el predio, y que las constancias probatorias hasta el momento
recolectadas, ponen en evidencia, en grado razonable, una clara relación de causalidad
entre ambas circunstancias, ya que a través de distintas entrevistas, se estableció que
el grupo familiar constituido por Norma Luna, Hugo Herrera, Luciano Herrera,
Maximilino Herrero, Noelia Herrero, Rocio Herrero, Gastón Mancilla, Hugo Herrero
y los niños Martina Loana Mancilla y Benjamin Mateo López Herrero (fs. 81/82)
“reside hace 5 meses en fábrica de baterías abandonada en la localidad de Ceres,
Santa Fe” (fs. 191 y 195).
 1 https://www.mayoclinic.org/es-es/diseases-conditions/lead-poisoning/symptoms-causes/syc-20354717.
En otras palabras, nada indica que la intoxicación pudo provenir
de elementos ajenos al predio en cuestión.
 Conforme cuanto se lleva dicho, y en punto a la medida de
clausura que se solicita, si bien existe prueba pendiente de producción, esta Fiscalía
Federal encuentra verificados los requisitos de procedencia de la misma:
verosimilitud en el derecho, y peligro en la demora.
 En relación con lo primero, se tiene por reproducido aquí todo lo
señalado en los puntos anteriores, agregando aquí que no es necesario un examen
de certeza sobre la existencia del derecho pretendido sino solo en grado de una
aceptable verosimilitud, como la probabilidad de que este existe y no como una
incuestionable realidad que sólo se logrará al agotarse el trámite. Y respecto del
segundo requisito, encuentro del caso señalar que la demora en la adopción de la
medida que se peticiona, pondría razonablemente en riesgo a otras personas, y a la
salud pública en general, en caso de no prohibirse el ingreso y la deambulación por
el predio; en tales condiciones, aguardar los resultados pendientes o las
actuaciones cuya producción corresponde a autoridades provinciales, podría
razonablemente generar un peligro grave e inminente para la salud de otras
personas y para el medio ambiente en general, los cuales, habida cuenta los claros
mandatos constitucionales implicados, y los bienes jurídicos en juego, deben ser
evitados.
 En casos análogos, la Cámara Nacional en lo Civil de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires esta ciudad sostuvo que “la protección cautelar obedece a
la necesidad de amparar un derecho que todavía no es cierto, líquido o consolidado,
sino tan sólo probable. Es por ello que, por su naturaleza, las medidas cautelares no
exigen como recaudo de admisibilidad la prueba terminante del derecho invocado,
basta su acreditación prima facie y por ello, para disponerlas, los magistrados no
necesitan fundarse en la plena certeza, resultado suficiente -dado que se requiere un 
umbral menor- que lo hagan en base a la apariencia que presentan los hecho de la
causa (conf. Chiovenda, G. en "Ensayos de Derecho Procesal Civil", T:I, págs. 54/55
y CSJN., Fallos 250:154; 251:33; 307:1702), pues el juicio de verdad en esta materia
se encuentra en oposición a la finalidad del instituto cautelar, que no es otra cosa que
atender a aquello que no exceda del marco de lo hipotético, dentro del cual, asimismo,
agota su virtualidad (CSJN, Fallos:306:2060 y CNCiv., Sala G, “Loiacono, Viviana
Mónica c. Activa Salud”, rta. 20/03/2009, apartado III. En igual sentido confrontar:
CCivCom. de Mar del Plata, Sala II, expte. 124.651, “Pérez, Panizo Hugo c/Bonanza
S.A. s/rendición de cuentas”, rto. 20/5/2003 y CNCiv., Sala B, reg. 488277, “Guerreiro,
Juan Roberto y otro c/Mutual Rivadavia de Seg. de Transporte Público de Pasajeros
s/art. 250 C.P.C. incidente civil”, rta. el 27/9/07, entre muchos otros).
 En efecto, de acuerdo a lo normado por el art. 518 del CPPN, y el
art. 305 CP el dictado de medidas cautelares con anterioridad al procesamiento resulta
viable en tanto se encuentren presentes dos presupuestos de admisibilidad, en primer
lugar, la verosimilitud del derecho (elementos de convicción suficientes que la
justifiquen) y el peligro en la demora (probabilidad de que la tutela jurídica que se
aguarda pueda frustrarse en los hechos por el paso del tiempo).
 En estas condiciones, debo también mencionar que no he dejado de
ponderar los distintos intereses en juego y los casi nulos perjuicios que generaría la
medida de clausura que se requiere: se trata de una fábrica abandonada –por caso, no
habría afectación a la propiedad privada, ni al derecho al trabajo, ni a la recaudación
tributaria-, que sería habitada actualmente solo por un grupo familiar, cuya situación
también será objeto de tratamiento. En cualquier caso, se considera que también esas
personas se encuentran en situación de vulnerabilidad y victimización frente a un
delito medio ambiental, y que la salud pública en general es un bien jurídico de
jerarquía suficiente para proceder como aquí se requiere. Por último, la clausura, en 
caso de disponerse, deberá preservar su vigencia hasta tanto cese la fuente de peligro
medio ambiental constatada;
 Por todo lo expuesto,

RESUELVO:
 Remitir la presente investigación preliminar 1/21 al Juzgado Federal
de Rafaela, solicitando al señor magistrado a cargo, lo siguiente:
 1.- Disponga la FORMACION DE CAUSA PENAL, tendiente a
investigar la presunta comisión de delitos penales, tanto de la ley 24051, como del
Código Penal, por parte de quienes con su acción o bien su omisión, llevaron a cabo
o permitieron la afectación de tan preciado bien jurídico como la salud individual, y
la posible afectación de la salud pública en general;
 2.- Ordene la urgente CLAUSURA PREVENTIVA del predio
individualizado en el decreto del municipio de Ceres 226/2021, y su custodia por parte
de personal de Gendarmería Nacional, o por quien se estime pertinente, hasta tanto
se verifique el cese la fuente de peligro medio ambiental constatada;
 3.- Para el caso de disponerse lo que se solicita en el punto
precedente, se materialice la EVACUACION del predio aludido y se HAGA SABER
a la autoridad competente del Municipio de Ceres, lo resuelto, y que deberá arbitrar
los medios necesarios para proveer a la relocalización de las personas que aún habitan
en el mencionado inmueble;
 Hágase saber lo aquí resuelto, al señor Fiscal General ante la Cámara
Federal de Apelaciones de Rosario, Dr. Fernando O. Arrigo (res. PGN 121/06).

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