Redacción El Informe de Ceres
El Gobierno nacional ratificó que no va a aplicar la ley de financiamiento universitario, que había sido votada por el Congreso, alegando que la oposición no aclaró de dónde saldrían los fondos. A su vez, el área de Educación aseguró en Diputados que las partidas para el año que viene van a tener un aumento real y desmintieron un éxodo masivo de profesores.
En la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja, el Secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el Subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, defendieron el Presupuesto 2026. Ambos aseguraron que el gasto para educación “registrarán un 10% de aumento en términos reales” y que las universidades “podrán cubrir todas sus necesidades”.
Torrendell arrancó la exposición marcando la cancha: para mejorar el sistema educativo, “aumentar el gasto estatal” no es suficiente. El funcionario planteó que la política presupuestaria de las últimas décadas llevó a un “gasto público descontrolado” que, encima, “profundizó la dependencia de las personas del Estado”.
Según el Secretario, el plan del Gobierno es claro: “Debemos gastar menos, pero invertir más en cada persona concreta, reconociendo que el progreso no surgirá de aumentar la burocracia sino de usar inteligentemente los recursos públicos para liberar las capacidades de cada persona”. En criollo, el Presupuesto 2026 prevé un aumento del 17,6% en inversión educativa en términos nominales, lo que representa un “aumento real del 7%” si se tiene en cuenta la inflación proyectada del 10,1% anual.
Por su parte, Alejandro Álvarez salió al cruce de lo que calificó como una “campaña del miedo” que buscó instalar el supuesto desfinanciamiento del sistema universitario. El Subsecretario de Políticas Universitarias tiró varias “buenas noticias”, como que “no cerró ninguna universidad” y que “es falso que renunciaron 10 mil docentes, como dijo el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional”.
Álvarez se puso firme con los números: “En el sistema hay 198 mil docentes. Y cuando iniciamos la gestión había 196 mil. Tampoco hay un éxodo de docentes”. Para cerrar el tema, sintetizó: “No hay ningún ajuste con despidos, como había instalado la campaña sistemática del miedo”.
Respecto al tema más caliente, la Ley de Financiamiento Universitario que el Congreso había ratificado a pesar del veto del Ejecutivo, los funcionarios confirmaron que no se va a aplicar. Álvarez resumió la postura oficial, en línea con Casa Rosada: “Nosotros no íbamos a incurrir en un acto de ilegalidad al financiar una ley que no tuviera perfectamente claro cuál era su fuente de financiamiento”. Y se permitió una ironía: “Por más que el Parlamento vote por la derogación de la ‘Ley de Gravedad’, salimos afuera y la gravedad sigue existiendo”.
Finalmente, el funcionario aseguró que el aumento previsto “representa un 14% respecto de lo que vamos a tener en 2025, que va a cubrir todas las necesidades que tienen las universidades”.
