Redacción El Informe de Ceres
Pensiones contributivas congeladas; magros salarios que repercuten en la falta de docentes integradores; instituciones en crisis; trámites para cumplir con (o repetir) una auditoría que representa, en ocasiones, trasladarse más de 300 kilómetros; imposibilidad de pagar un transporte; talleres protegidos donde el pago por las tareas que allí se desarrollan no superan los 30 mil pesos. Con ese panorama fueron convocados este jueves a la mañana organizaciones públicas y privadas que trabajan en Santa Fe en el ámbito de la discapacidad, además de referentes de educación y salud, y familiares de las personas que resultan afectadas en primer lugar.
El lugar de encuentro fue Homimen, en una invitación hecha por Gabriela Bruno, referente en materia de inclusión de personas con discapacidad, a la que fue invitada la diputada nacional Mónica Fein junto al diputado provincial Pablo Farías.
Una amplia ronda de sillas se llenó de representantes del sector para ratificar el diagnóstico de la situación y pedir por la sanción definitiva de la Ley de Emergencia nacional en Discapacidad que obtuvo media sanción en la Cámara baja el 4 de junio.
Un largo recorrido
La ley que declara la Emergencia en Discapacidad hasta diciembre de 2027 en todo el territorio nacional obtuvo el 4 de junio el apoyo de una amplia mayoría de legisladores y legisladoras: 148 votos a favor, 71 en contra y 3 abstenciones.
Impulsada por Daniel Arroyo (UxP) junto a otros legisladores, incluida Fein, establece básicamente regularizar pagos, actualizar aranceles para los prestadores de servicios, reformar el sistema de pensiones no contributivas, reforzar la Agencia Nacional de Discapacidad y cumplir con el cupo laboral para personas con discapacidad.
Hasta ahí un resumen escueto de un camino que se empezó a recorrer hace tiempo, que motivó una amplia movilización a fines de mayo en el Congreso y en gran cantidad de ciudades y pueblos del país, y que tendrá en el Senado una segunda parada. La Cámara Alta deberá convalidar la media sanción y convertirla en ley; se descuenta que una vez allí logrará el acompañamiento necesario.
Sin embargo, desde el gobierno nacional ya anticiparon que si eso ocurre y la ley queda sancionada, la respuesta será un veto presidencial, como ocurrió un año atrás con la recomposición de jubilaciones, el financiamiento universitario y cualquier otra norma que altere el equilibrio fiscal.
