Redacción El Informe de Ceres
A partir del 1° de abril, no sólo todos los comercios del país deberán entregar un ticket con la discriminación de impuestos nacionales (por ahora, IVA e internos), sino que comienza a regir la segunda etapa para todos los contribuyentes. Grandes y chicos tendrán que exponer el detalle de los tributos en los flejes de góndola y en cada publicidad y cartelería donde aparezcan los precios de sus productos.
Si bien desde algunos sectores se le había pedido prórroga al Gobierno porque, según argumentaban, su implementación se hacía compleja, las autoridades mantuvieron la fecha prevista en la reglamentación del Régimen de Transparencia Fiscal, aprobado con la Ley de Bases. El objetivo es que el consumidor pueda conocer el precio sin impuestos del producto que va a comprar y que tome conocimiento de cuál es la carga tributaria que hoy impacta sobre los valores de venta. De esa manera, las autoridades buscan fomentar una conciencia fiscal más profunda en la sociedad.
A pesar de los avances a nivel nacional, el régimen enfrenta un desafío significativo: la falta de adhesión por parte de las provincias y municipios. El régimen invita a estas jurisdicciones a sumarse para que también se transparenten impuestos locales, como Ingresos Brutos y tasas municipales, que tienen un fuerte peso en los precios y que se han incrementado fuertemente en el último año, ante el fuerte ajuste encarado desde el gobierno nacional. Pero hasta ahora ninguna provincia formalizó su adhesión.
Ante la consulta, el presidente de la ONG Lógica, Matías Olivera Vila, enfatizó la importancia de que las provincias y municipios se sumen al régimen: “Es momento de que las provincias dejen de hacer jueguito de mitad de cancha y se adhieran a este régimen al cual están obligadas en virtud del artículo 42 de la Constitución, que le da al consumidor el derecho a ser informado con información adecuada y veraz”. “Y además, en ese artículo también se menciona la educación al consumidor, con lo cual, las provincias están obligadas a adherirse”, remarcó.
El directivo, impulsor de la transparencia fiscal, agregó que a diferencia de otros regímenes donde las provincias pueden optar por no participar debido a consideraciones fiscales, en este caso la adhesión es una obligación constitucional. Precisó que “no es como en el caso del RIGI, donde como hay sacrificio de recaudación provincial o municipal, las provincias bien pueden oponerse y allí hacer la evaluación respectiva y decidir por el sí o por el no. Acá no tienen esa opción. Si bien fueron invitadas, esto es más una exhortación”.
