El Gobierno anunció a través de un comunicado que detendrá los pagos de indemnizaciones en el marco de las Leyes de reparación patrimonial para víctimas del terrorismo de Estado y que el Ministerio de Justicia hará una auditoría integral de todos los pedidos, dado que se detectaron “distintos casos con irregularidades en la tramitación, otorgamiento y/o pago”.
Nacionales23/04/2024
Redacción El Informe de Ceres
En este sentido, desde la cartera de Justicia afirmaron que "el Ministerio articulará las medidas para no abonar las sumas económicas de los beneficios a quienes no correspondan" y que "perseguirá la devolución de las sumas pagadas por fraude y que han sido cobradas indebidamente para que se restituyan a las arcas del Estado”.
La medida fue dispuesta por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, a partir de la resolución N RS-2024-40979055-APN-MJ. Se trata de la realización de una auditoría integral de todos los pedidos realizados al amparo de las leyes de reparación patrimonial para víctimas del terrorismo de Estado.
La iniciativa del Gobierno se sostiene a partir de un fallo de procesamiento dictado en la causa "Martínez Moreira, Adrián y otros/defraudación, falsificación de documentos públicos y asociación ilícita", que fue confirmada por la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal.
En esa causa, un grupo de personas fueron procesadas por los delitos de asociación ilícita, falsificación de documentos públicos y privados, uso de documentos públicos, falso testimonio, falsa denuncia, estafa y defraudación en perjuicio de la Administración Pública Nacional.
En paralelo, Justicia denunció que "existen otras causas penales en trámite por irregularidades surgidas por pagos duplicados o realizados a personas que carecen de documentación que respalde su pedido".
Sobre las Leyes Reparatorias
Entre 1991 y 2013 se promulgaron 6 leyes nacionales que fijaron compensaciones económicas y pensiones para aquellos desaparecidos de manera forzada o fallecidos por el accionar del terrorismo de Estado, exdetenidos, nacidos o detenidos durante la privación de la libertad de sus madres, siempre que las detenciones fueran por razones políticas a disposición del Poder Ejecutivo o los tribunales militares.
Hasta hoy, el Estado había compensado el daño sufrido por las víctimas del víctimas del terrorismo. Con esta nueva disposición, eso será sometido a revisión.
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