La provincia convocará a discusión paritaria a los gremios del sector público para esta misma semana. El miércoles 16 será el turno de los docentes, mientras que el jueves se abrirá la discusión con los gremios de la administración pública, y el viernes con el personal de Salud.

En declaraciones previas, el ministro de Trabajo Juan Manuel Pusineri había calculado que el ofrecimiento de incremento salarial estará en el orden del 40%, conforme a lo que se evalúa a nivel nacional, y que podría ser otorgado de manera escalonada y en tramos.

“La idea es garantizar la instancia de diálogo y la instancia de oferta salarial con tiempo suficiente y en eso estamos comprometidos”, señaló Pusineri. Y agregó: “El 40% puede ser un indicativo, vamos a ver cómo termina desenvolviéndose este porcentaje en la paritaria nacional (tomando como referencia a la discusión en el ámbito docente, que aún se está dando y no cuenta con un ofrecimiento concreto).”

El funcionario no descartó que el aumento sea escalonado y con revisiones. “Es un esquema que tuvo un resultado positivo y fue aceptado por los gremios. Si se quiere tramo anual con verificación y, a su vez, dentro de ese tramo anual, ver cómo se ubican los porcentajes dentro del global, me parece que por ahí puede transitar la discusión”, explicó.

En su momento, el funcionario había admitido que el hecho de no contar con presupuesto en ninguno de los dos ámbitos (fue rechazado a nivel nacional y pospuesto su tratamiento en la provincia) supone una dificultad para la discusión, cuestión que fue desestimada por representantes de la oposición y algunos referentes gremiales.

“La ausencia de una pauta inflacionaria aprobada por la correspondiente ley de presupuesto no impide la negociación, pero le imprime una cuota de incertidumbre. Se puede discutir igual, pero tener esa pauta establecida le permite tanto a los gremios como al gobierno arrancar desde un piso oficial establecido a partir de una iniciativa que tiene fuerza de ley”, sostuvo el ministro.

En tanto, desde los gremios la pretensión es que se habilite algún mecanismo de revisión para hacer frente a los movimientos inflacionarios, equiparable a lo que en su momento fue la “cláusula gatillo”.