Redacción El Informe de Ceres
La iniciativa destaca que “la Administración Provincial ha logrado durante el primer semestre un excedente económico del orden de los $4.100 millones. En forma complementaria, las disponibilidades de la Administración Provincial han crecido en un semestre en más de un 150%. Las medidas propuestas implicarían menos de la mitad de tal superávit”.
“Ampliar la ayuda a los sectores más afectados"
El Pte. del Bloque de Senadores de la UCR indicó que “creemos que es incompatible tener un Estado que siga haciendo caja, con un mero criterio fiscalista, cuando se puede brindar un mayor apoyo a sectores que están sufriendo drásticamente la calamidad de la pandemia, como en muchas actividades privadas y en los trabajadores esenciales (que están en las primeras líneas en la lucha contra el Covid-19) como los que contemplamos en esta propuesta, tanto de Salud como de Seguridad”.
El Proyecto de Ley presentado desde el interbloque de la UCR, cuentan con la firma de todos sus integrantes: Felipe Michlig (San Cristóbal), Lisandro Enrico (General López), Rodrigo Borla (San Justo), Orfilio Marcón (General Obligado), Germán Giacomino (Constitución), Hugo Rasetto (Iriondo) y Leonardo Diana (San Gerónimo).
Beneficiarios del reconocimiento especial
Según la normativa propuesta el beneficio alcanzará “a los profesionales universitarios de la sanidad comprendidos en la Ley N° 9.282, a los agentes que revistan en el agrupamiento “Hospitalario-asistencial” del Escalafón “Decreto Acuerdo 2695/83” y a los agentes pertenecientes al Escalafón Policial”.
Se indica que “El Poder Ejecutivo, instrumentará la medida siguiendo los siguientes criterios: Carga horaria; Cantidad de tiempos de descansos, francos u otras franquicias; Nivel de riesgo a que se encontró expuesto; Nivel de intensidad de las tareas y servicios prestados desde el 20 de marzo de 2020”.
Mínimo de $ 30.000
En otro de sus articulados se establece que “en ningún caso la suma podrá resultar inferior a $30.000, siempre que el agente haya prestado servicios en al menos tres (3) meses durante el período transcurrido entre el 20 de marzo de 2020 y la fecha de sanción de la presente ley.
El Gobierno deberá “liquidar y abonar la suma en hasta tres (3) cuotas iguales, mensuales y consecutivas. La primera cuota será liquidada con los haberes correspondientes al mes de septiembre de 2020”. Además “la percepción de la suma otorgada resultará compatible con cualquier otro beneficio dispuesto o que se disponga en la órbita nacional y/o provincial y/o municipal. No obstante, podrá quedar subsumida total o parcialmente en los beneficios establecidos en acuerdos paritarios”.
Principales fundamentos
Señalan los senadores radicales en los fundamentos del proyecto que “el impacto de la pandemia, lejos de atenuarse con el correr de los meses, ha ido intensificando tanto la necesidad de esfuerzos para su gestión desde los distintos niveles de Estado, como el efecto sobre la dinámica social propiamente dicha. No obstante, las acciones de mayor significación en términos de movilización de energías públicas y esfuerzos refieren a la atención sanitaria y al desarrollo de distintos controles sociales en sentido amplio”.
“Esa exigencia de carácter extraordinario con una persistencia de varios meses está llevando a puntos de fatiga psicofísica que ponen en riesgo no solo la propia salud de los agentes sino también el concreto funcionamiento de servicios esenciales. Tales esfuerzos extraordinarios deben contar con un correlativo reconocimiento no solo moral sino también material”.
Excedente financiero
“Asimismo, conforme a la información publicada por el Poder Ejecutivo, la Administración Provincial ha logrado durante el primer semestre un excedente económico del orden de los $4.100 millones representado por su superávit financiero. En forma complementaria, las disponibilidades de la Administración Provincial han crecido en un semestre en más de un 150%. Las medidas previstas en el presente proyecto implicarían menos de la mitad de tal superávit”.
“Asimismo, cabe destacar que por Ley N° 13.977 se crearon programas específicos, uno de ellos vinculado a la atención de necesidades sanitarias, y, además se autorizó al Poder Ejecutivo a hacer uso del crédito público. En la Ley N° 13.978, precisamente denominada “Ley Covid-19”, se autorizó al Poder Ejecutivo a hacer uso del crédito público adicional por $15.000 millones. Tal autorización no tenía otra fundamentación que la de preparar al Estado Provincial para hacer frente a las circunstancias que constituyen la causa última que motiva el presente proyecto”, mencionan los legisladores.
