Si no hacen cumplir el aislamiento social no habrá fondos para los municipios

El gobierno provincial decidió que la remisión de fondos a municipios y comunas en el marco de la pandemia estará sujeta al cumplimiento estricto de las normativas tanto nacionales como provinciales en materia sanitaria, y a las tareas de fiscalización que esos mismos gobiernos locales están obligados a realizar. Ello incluye, esencialmente, el respeto al aislamiento obligatorio.

El detonante de la decisión administrativa de Omar Perotti -plasmada en el decreto Nro. 420- fue, por un lado, la situación de algunas localidades cuyas autoridades comenzaron a habilitar unilateralmente las caminatas u hora de esparcimiento. Por el otro, la foto que comenzó a registrarse en los últimos fines de semana en los principales centros urbanos, con una situación totalmente fuera de cauce en espacios públicos colmados de personas haciendo actividades deportivas, o simplemente, paseando.

“Teniendo en cuenta que algunos municipios y comunas estaban por disponer o en algunos casos ya habían dispuesto las salidas recreativas, se las notificó para recordar que ésa es una autorización que tiene que conceder el Poder Ejecutivo”, dijo a El Litoral el secretario de Trabajo, Juan Manuel Pusineri. “Pero además -acotó-, se avanzó en una normativa provincial, un decreto, que establece que antes de entregar fondos a municipios y comunas, se evaluará si éstos están cumpliendo con todas las normas vinculadas al aislamiento, y con las tareas de fiscalización que les corresponden. Ahora, para la entrega de esos recursos, van a comenzar a evaluarse el cumplimiento de estos dos aspectos. Si el grado de incumplimiento es importante o afecta las normas sanitarias, esos municipios no van a recibir los fondos. Ésa es la decisión.”, insistió.

“Razonable”

El funcionario defendió la determinación del Ejecutivo. “Me parece que es una decisión razonable en el sentido de que si justamente lo que se pretende es que existan medidas para el cuidado sanitario, los fondos tienen que estar destinados al cumplimiento de dichas normas”, planteó.

Los recursos cuya distribución estará ahora también sujeta a estos nuevos criterios de evaluación corresponden al Programa de Atención a gobiernos locales, derivado del decreto 307. Dicho plan prevé la asignación de un total de tres mil millones de pesos para todas las ciudades y pueblos de la provincia, siempre, para afrontar necesidades derivadas de la pandemia. El programa se inscribe, además, en la ley provincial recientemente sancionada que permitió crear un fondo de 15 mil millones de pesos para la emergencia sanitaria.

Hasta aquí, las pautas estipuladas para definir la distribución de los fondos se sustentaban básicamente en el equilibrio territorial y poblacional, y en el riesgo sanitario de cada localidad. Ahora, se sumarán estos dos nuevos criterios: cumplir las normas en materia sanitaria, y ejercer el rol de fiscalización.

Pusineri recordó que dicha fiscalización incluye varios aspectos. “Los protocolos que se hacen para la construcción privada, por ejemplo, se presentan ante los municipios. Con el control de precios también hay un entramado importante de fiscalización local. Y, finalmente, todo aquello que tenga que ver con el cumplimiento de las normas de aislamiento. No solamente hay una obligación relacionada con no autorizar en este caso las salidas recreativas, sino también con que se haga un control para que ello no suceda”, advirtió.

Textual

El decreto 420 habla de “requisito complementario”, y dispone que a partir de ahora, “la asignación de fondos a los municipios y comunas (…) supone un estricto cumplimiento por su parte de la normativa adoptada en el marco de la ampliación de la emergencia sanitaria”. Acota que para “acreditar dicho requisito”, se tendrán en consideración básicamente dos criterios: por un lado, “la adecuación de las medidas locales a la estricta observancia de las competencias del estado nacional y provincial para disponer excepciones al aislamiento social, preventivo y obligatorio y a la prohibición de circular”. Por el otro, “la adecuada fiscalización del cumplimiento de las medidas adoptadas en la emergencia por las distintas autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias”.

En su tercer artículo, el decreto plantea que si se verificase el incumplimiento de los requisitos planteados, “el Poder Ejecutivo dispondrá las medidas que fueren necesarias a los fines de la emergencia, directamente a través de sus propios organismos y dependencias”.

Algunos casos

La comuna de Llambí Campbell había sido una de las que unilateralmente resolvió habilitar la hora de esparcimiento. Para ello había establecido un esquema teniendo en cuenta turnos según edades, días y horarios. Hasta había dispuesto que los vecinos pudiesen tener asesoramiento de profesores de educación física, afectados a gimnasios. Las autoridades comunales tuvieron que dar marcha atrás con la medida, incluso, después de que se pusiera en práctica. Una situación similar se habría dado en la comuna de Arroyo Aguiar. Y según pudo saber El Litoral también tenían la medida en estudio otras localidades como Crespo y Arteaga.

Control de precios

En el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia de Coronavirus, la Secretaría de Comercio Interior y Servicios del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología, continúa trabajando en todo el territorio provincial para garantizar el abastecimiento y evitar el aumento excesivo de precios.

A tales fines, a mediados de marzo, del Gobierno Provincial dispuso dos vías de comunicación para que consumidores de toda la provincia puedan realizar denuncias por aumento de precios y/o desabastecimiento: 0800 555 6768 (opción 3) y a través de la www.santafe.gob.ar/precios-santafesinos/coronavirus. Desde entonces a la fecha se han realizado 6.579 denuncias, de las cuales 2820 corresponden a la ciudad de Rosario, 906 a la de Santa Fe y las restantes 2853 se distribuyen en diferentes localidades santafesinas.

De esas 6.579 denuncias se fiscalizaron un total de 1.177 y se imputaron 969. Asimismo, se realizaron unas 200 inspecciones de oficio. Estas inspecciones abarcaron desde farmacias, comercios minoristas, supermercados e hipermercados, mayoristas y mercados de productores, entre otros.