Redacción El Informe de Ceres
Los prestadores de servicios para personas con discapacidad de Santa Fe reclamaron una respuesta concreta del Gobierno provincial frente a las dificultades económicas que atraviesa el sector y al retiro del Estado nacional de distintas políticas de asistencia. El pedido quedó plasmado en un comunicado de la Unión de Entidades de Discapacidad de Santa Fe (UENDISFE), dirigido a los diputados nacionales por la provincia Gisela Scaglia y José Núñez, quienes no dieron quórum en la sesión especial del 15 de octubre en la Cámara de Diputados de la Nación.
Mariano Perini, presidente de ACDISFE, explicó que el reclamo reúne a transportistas, profesionales e instituciones prestadoras, y que la situación también repercute directamente en las personas con discapacidad y sus familias.
El dirigente pidió que el gobernador Maximiliano Pullaro tome la iniciativa para defender la Ley 24.901, que establece el sistema de prestaciones básicas para personas con discapacidad, y promueva la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad, cuyo vencimiento está previsto para diciembre de 2026.
“Lo que le estamos pidiendo es que pueda tomar la iniciativa y pueda defender como gobernador la Ley 24.901, los recursos que esta ley verdaderamente pone a disposición de las provincias para las prestaciones de personas con discapacidad”, sostuvo Perini.
Según advirtió, si no se extiende la emergencia, las prestaciones que ya reciben actualizaciones insuficientes podrían quedar todavía más expuestas a la pérdida de financiamiento.
La carta abierta de UENDISFE cuestiona la decisión de Scaglia y Núñez de no participar de la sesión especial del Congreso. Perini también puso en duda las explicaciones vinculadas con la estrategia política y las negociaciones para presentar un nuevo proyecto sobre discapacidad.
El presidente de ACDISFE afirmó que, hasta el momento, no existen certezas suficientes sobre una propuesta alternativa que garantice los recursos y la continuidad de las prestaciones. Además, señaló una contradicción entre los anuncios de una nueva ley y el contenido del proyecto de presupuesto nacional, que, según indicó, elimina el nomenclador nacional.
“Por un lado, manifiestan que están abiertos a enmarcar una nueva ley para salir de la emergencia, pero por otro lado no asignan recursos”, cuestionó.
Frente a ese escenario, insistió en que el pedido central del sector es prorrogar la Ley de Emergencia en Discapacidad y abrir una instancia de diálogo con prestadores y personas con discapacidad.
Uno de los puntos más críticos es el transporte especializado. Perini aseguró que cada vez menos empresas pueden sostener la actividad debido al aumento del combustible y a la actualización insuficiente de los valores que reciben por sus servicios.
Como ejemplo, señaló que el litro de combustible premium ronda los $2.500, mientras que el valor de referencia para el transporte de personas con discapacidad se ubica en $915, según los números que presentó durante la entrevista.
“Es lo mismo que dijéramos: ¿es viable el transporte público de pasajeros con un boleto a $915? Eso es lo que se está pagando hoy al transporte de discapacidad. Es totalmente inviable”, afirmó.
El dirigente advirtió que, si además se permite que organismos o financiadores paguen valores inferiores a esa referencia, los transportistas podrían abandonar progresivamente el servicio especializado y dedicarse a otras actividades, como el traslado de paquetería.
“Es totalmente inviable poder trasladar o tener servicios de apoyo especializados con un valor por debajo de los $1.000”, remarcó.
La reducción de prestadores disponibles, sostuvo, puede dificultar que las personas con discapacidad accedan a terapias, consultas y otras prestaciones necesarias.
Perini planteó que Santa Fe debería adoptar medidas de apoyo para sostener a las entidades prestadoras, tomando como referencia las políticas que, según señaló, viene impulsando el Gobierno de Córdoba.
En ese sentido, mencionó al gobernador Martín Llaryora, a quien atribuyó iniciativas de contingencia para el sector y gestiones destinadas a que los diputados nacionales defiendan el sistema de prestaciones.
“Sería bueno imitar esta política pública y que pueda tomar cartas en el asunto nuestro gobernador y defender a las personas con discapacidad en la provincia, a las empresas prestadoras”, expresó.
Para el titular de ACDISFE, el problema excede la situación financiera de las instituciones y compromete la continuidad de los apoyos que necesitan miles de personas.
“Que el Estado nacional se retire deja a los santafesinos en un estado de indefensión notoria”, concluyó.
