Redacción El Informe de Ceres
El Gobierno de Santa Fe prorrogó por un año la emergencia social, sanitaria y educativa en todo el territorio provincial. La decisión fue adoptada mediante un decreto del Poder Ejecutivo y entró en vigencia este martes 23 de junio, en el marco de las facultades otorgadas por la Ley N° 14.241.
La normativa había sido sancionada a fines de 2023 para garantizar el acceso a derechos fundamentales como la educación, la salud y la seguridad alimentaria en un contexto de fuerte crisis económica y social. Desde entonces fue prorrogada en distintas oportunidades y ahora continuará vigente hasta junio de 2027.
Entre los fundamentos de la medida, el Ejecutivo provincial sostuvo que persisten las condiciones de vulnerabilidad que dieron origen a la emergencia. Según datos citados del INDEC correspondientes al segundo semestre de 2025, en el Gran Santa Fe la pobreza alcanza al 22,8% de los hogares y al 30,6% de las personas, mientras que en el Gran Rosario afecta al 16,6% de los hogares y al 22,3% de la población.
Además, el decreto advierte sobre la situación de niños, niñas y adolescentes. De acuerdo con datos del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, el 53,6% de los menores de edad del país vive en hogares pobres y el 10,7% se encuentra en situación de indigencia.
Otro de los aspectos destacados es el incremento de los consumos problemáticos. La Agencia de Prevención del Consumo de Drogas informó que las situaciones abordadas crecieron un 43% entre 2023 y 2024, y un 77% entre 2024 y 2025, acumulando un aumento superior al 150% en apenas dos años.
En los considerandos, el Gobierno provincial también apunta a la reducción de programas sanitarios financiados por Nación y a la discontinuidad en la provisión de medicamentos, vacunas e insumos críticos.
Según se detalla, Santa Fe debió asumir con recursos propios prestaciones que anteriormente estaban cubiertas por programas nacionales como Remediar, Salud Sexual y Reproductiva e Incluir Salud, además de reforzar la compra de medicamentos oncológicos, antibióticos e insumos para enfrentar la emergencia por dengue.
El decreto sostiene que el aumento de personas que perdieron cobertura de obras sociales o prepagas generó una mayor presión sobre hospitales y centros de salud públicos, obligando a sostener mecanismos excepcionales de contratación y compra para garantizar la atención en todo el territorio provincial.
De esta manera, el Ejecutivo concluyó que continúan vigentes las razones que motivaron la declaración de emergencia y resolvió extenderla por un año más.
La emergencia no implica restricciones para la población, sino que habilita al Gobierno provincial a utilizar mecanismos excepcionales de contratación, financiamiento y gestión para responder con mayor rapidez a necesidades sociales, educativas y sanitarias en un contexto que considera todavía crítico.
