Redacción El Informe de Ceres
El Gobierno nacional reglamentó esta semana la desregulación del sistema de Revisión Técnica Obligatoria (RTO), una medida que permitirá que talleres mecánicos particulares y concesionarias puedan realizar inspecciones vehiculares, además de liberar los precios del servicio. Sin embargo, cada provincia deberá decidir si adhiere o no al nuevo régimen.
En Santa Fe, la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) ya comenzó a analizar el alcance de las modificaciones. Carlos Torres, integrante del organismo, aseguró que la decisión se tomará en función de lo que resulte más beneficioso para los santafesinos, no solo desde el punto de vista económico sino también en materia de seguridad vial.
«Vamos a evaluar todos estos cambios y analizar qué es lo que más le conviene a los santafesinos», sostuvo Torres, quien remarcó que la principal preocupación de la provincia es evitar que se resienta la calidad de los controles técnicos.
Actualmente, Santa Fe cuenta con un sistema regulado que dispone de 28 talleres habilitados distribuidos en distintos puntos del territorio provincial. Según explicó el funcionario, esto permite garantizar accesibilidad, controles auditados y precios regulados que solo se actualizan en función de las variaciones del combustible.
Ante la posibilidad de que se amplíe significativamente la cantidad de talleres autorizados, Torres planteó una serie de interrogantes. «Si hoy hay 28 talleres y pasa a haber 60 o más, ¿no caerá la calidad de la revisión técnica vehicular? ¿Quién va a controlar y auditar que todos tengan el equipamiento adecuado y que las revisiones se realicen correctamente?», cuestionó.
Además, advirtió que una mayor competencia podría afectar la sustentabilidad económica de los centros de revisión existentes y, eventualmente, repercutir en la calidad del servicio.
Desde la APSV también destacaron que cuentan con información técnica propia para evaluar posibles cambios. A través de un observatorio de daños vehiculares, la provincia registra las principales fallas detectadas en los vehículos durante las inspecciones, incluyendo problemas en frenos, amortiguadores y otros componentes de seguridad.
En ese sentido, Torres señaló que estos datos serán clave para analizar otra de las modificaciones impulsadas por Nación: extender la primera revisión obligatoria de los vehículos de tres a cinco años desde su patentamiento.
