Redacción El Informe de Ceres
Ante la posibilidad de lluvias intensas, crecidas de los ríos e inundaciones asociadas al fenómeno de El Niño, el Ministerio de Educación de Santa Fe estableció un protocolo de actuación para los establecimientos educativos de toda la provincia. El objetivo es anticiparse a eventuales emergencias y garantizar la continuidad de los aprendizajes, incluso cuando las condiciones climáticas impidan asistir a las aulas.
La medida fue formalizada mediante la Resolución 2234/2026, firmada por el ministro de Educación, José Goity, y alcanza a las instituciones de gestión estatal y privada de todos los niveles y modalidades. El documento ya fue enviado a las escuelas y establece pautas para organizar la respuesta ante contingencias meteorológicas, hídricas o de otra índole.
El protocolo establece que la regla general será mantener las actividades escolares siempre que existan condiciones de seguridad para hacerlo. Sin embargo, cuando las lluvias, las inundaciones o las dificultades de acceso impidan el funcionamiento normal de una institución, podrán disponerse suspensiones temporales.
La decisión estará a cargo de las Delegaciones Regionales de Educación, que deberán evaluar cada situación en coordinación con Protección Civil, las autoridades ministeriales y las áreas gubernamentales correspondientes. Por lo tanto, no se prevé una suspensión automática y generalizada para toda la provincia, sino medidas que respondan a las condiciones particulares de cada zona.
El cese de actividades podrá establecerse por un plazo de hasta cinco días hábiles, con posibilidad de renovación por igual período si persisten las condiciones que impiden el normal desarrollo de las clases. Si la situación se prolonga, las autoridades deberán analizar alternativas para restablecer la presencialidad.
Uno de los ejes centrales del protocolo es la continuidad pedagógica. Cada establecimiento deberá contar con un Plan Institucional de Continuidad Pedagógica que permita sostener la enseñanza si resulta necesario interrumpir temporalmente las clases presenciales.
Para ello, las instituciones deberán establecer canales oficiales de comunicación con las familias, mantener actualizados los datos de contacto e identificar a los estudiantes que tengan dificultades de conectividad. También deberán comunicar los procedimientos previstos para actuar ante una eventual emergencia.
En el caso de los docentes, el documento contempla la preparación de un portafolio pedagógico de contingencia con actividades previamente planificadas, consignas claras y contenidos prioritarios. Las propuestas deberán poder realizarse con los recursos disponibles en los hogares y contemplar distintas realidades de acceso a internet.
Las escuelas podrán recurrir a correos electrónicos, grupos de WhatsApp y otras herramientas de comunicación para hacer llegar las tareas y acompañar a los estudiantes. Cuando no exista conectividad suficiente, deberán contemplarse alternativas impresas y otras estrategias que permitan sostener el aprendizaje.
Durante el período sin presencialidad, los docentes deberán realizar el seguimiento pedagógico, responder consultas, registrar las actividades desarrolladas y adecuar las propuestas cuando sea necesario.
Otra de las disposiciones del protocolo establece que los edificios escolares no serán utilizados como centros de evacuación. La medida busca preservar las instalaciones para su función educativa y evitar que la asistencia a personas afectadas por una emergencia demore el regreso de los alumnos a las aulas.
La normativa contempla excepciones únicamente ante situaciones de extrema necesidad y cuando no exista otro inmueble disponible. En esos casos, la afectación deberá responder a una decisión expresa de la autoridad provincial competente en materia de protección civil y gestión de riesgos.
El documento también prevé mecanismos para garantizar la continuidad de los servicios alimentarios escolares y reconocer administrativamente las tareas realizadas por docentes y asistentes escolares durante las contingencias, de acuerdo con las responsabilidades establecidas.
La implementación de estas pautas busca que las comunidades educativas cuenten con procedimientos definidos antes de que se produzcan situaciones que puedan afectar el normal funcionamiento de las escuelas.
La planificación apunta a que las familias conozcan los canales de comunicación de cada institución y que los estudiantes puedan continuar con sus actividades cuando las condiciones impidan la asistencia presencial. La prioridad, según explicó el ministro, es sostener los aprendizajes y garantizar la continuidad de las trayectorias escolares frente a posibles contingencias climáticas.
