Redacción El Informe de Ceres
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, defendió este miércoles el paquete de leyes de seguridad que el Poder Ejecutivo envió a la Legislatura y sostuvo que la Provincia necesita nuevas herramientas para continuar reduciendo la violencia. Lo hizo durante el acto de ascenso de 300 agentes penitenciarios, realizado en la ciudad de Santa Fe.
“Nosotros necesitamos más herramientas”, afirmó Pullaro al referirse a las iniciativas que se encuentran en debate. En ese sentido, anticipó que el Ejecutivo continuará enviando proyectos a la Legislatura: “Vamos a mandar más leyes a la Legislatura para pedirle más herramientas porque las necesitamos”.
El gobernador también respondió a los cuestionamientos vinculados con una eventual inconstitucionalidad de algunas de las propuestas. “Yo no voy a mandar ninguna ley que es inconstitucional”, aseguró.
Para respaldar su planteo, Pullaro hizo referencia a la evolución de los homicidios en la provincia y comparó los registros actuales con los de tres años atrás.
“Hace tres años a esta altura, teníamos 344 homicidios en la provincia de Santa Fe; hoy tenemos 128”, sostuvo.
De todos modos, el mandatario aclaró que la reducción de los homicidios no significa que las organizaciones criminales hayan desaparecido. “Las organizaciones criminales aún están activas en la provincia de Santa Fe”, advirtió, y señaló que actualmente se encuentran “contenidas” por el Estado.
Durante su discurso, Pullaro atribuyó parte de los resultados al trabajo de las fuerzas de seguridad y destacó especialmente a “esos hombres y mujeres que conforman nuestro personal penitenciario y policial, que le trajeron paz y orden a la provincia”.
El gobernador también defendió la construcción de nuevas unidades penitenciarias, incluida una cárcel de alto perfil. En ese marco, recordó que antes de su llegada al gobierno existían situaciones en las que personas detenidas podían impartir órdenes desde las cárceles para cometer homicidios, extorsiones y robos.
La política penitenciaria forma parte de la estrategia de seguridad que impulsa la Provincia. Pullaro también destacó las inversiones en infraestructura carcelaria y el objetivo de ampliar la capacidad del sistema penitenciario.
El paquete de leyes de seguridad contempla una serie de modificaciones destinadas a ampliar las facultades de la Policía, los fiscales y otros organismos vinculados con la investigación y prevención del delito.
Entre las medidas propuestas aparecen los allanamientos sin orden judicial en determinadas circunstancias, como la tenencia comprobada de armas u otros materiales controlados en la vía pública cuando existan indicios de que la persona podría conservar más elementos en su domicilio.
La iniciativa también plantea que la Policía pueda interrogar a sospechosos y que los fiscales puedan entrevistar a personas vinculadas con un hecho antes de que se produzca una imputación.
Otro de los puntos es la incorporación de juicios en ausencia para aquellos imputados que se fuguen o no se presenten pese a haber sido debidamente notificados. El proyecto también contempla decretos penales para determinados casos de penas leves y con pruebas contundentes.
A su vez, se propone crear zonas de intervención policial especial frente a aumentos sostenidos de la criminalidad, además de habilitar el derribo de búnkeres por orden fiscal en circunstancias excepcionales.
El paquete incluye también una ampliación de las facultades de inteligencia y del programa de recompensas. Algunas de estas modificaciones generaron cuestionamientos de sectores vinculados con la defensa pública y la abogacía penal, especialmente por sus posibles efectos sobre las garantías del proceso penal.
En su defensa de las reformas, Pullaro cuestionó los planteos de sectores de la abogacía penal frente a las iniciativas. El gobernador sostuvo que las objeciones provienen principalmente de “más a los defensores, a los abogados penalistas” y las vinculó con intereses relacionados con la defensa de personas acusadas de delitos graves.
En otro tramo de su discurso, utilizó una expresión que ya había empleado para cuestionar determinadas decisiones judiciales: “Ese es el garantismo bobo que no queremos que vuelva”.
Sin embargo, Pullaro aclaró que su planteo no implica dejar de lado las garantías constitucionales. “Por supuesto que se respeten todas las garantías constitucionales, pero primero y ante todo que se aplique la ley”, expresó.
Como antecedente, recordó los habeas corpus que enfrentó cuando era ministro de Seguridad y que estaban vinculados con las restricciones al ingreso de alimentos a las cárceles.
Las críticas al paquete también se concentran en algunos de los cambios propuestos sobre interrogatorios, allanamientos, juicios en ausencia y facultades de los fiscales. Desde sectores jurídicos se cuestionó que determinadas modificaciones puedan afectar garantías vinculadas con el derecho de defensa y el debido proceso.
Durante el acto, Pullaro también hizo referencia a la renovación de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe y sostuvo que el proceso de diálogo institucional permitió avanzar con la propuesta de seis nuevos integrantes.
En ese sentido, planteó la necesidad de modernizar el funcionamiento de la Justicia y de utilizar de manera más eficiente los recursos disponibles, en línea con el planteo que realiza para el resto de los poderes del Estado.
Para el gobernador, la discusión sobre la reforma judicial y el paquete de seguridad forma parte de un mismo objetivo: fortalecer la capacidad del Estado para prevenir y combatir el delito, mientras se mantienen las garantías constitucionales.
Al cierre de su discurso, Pullaro volvió a destacar el trabajo de policías y agentes penitenciarios y puso como ejemplo los espectáculos masivos y el uso de los espacios públicos que, según sostuvo, la provincia pudo recuperar.
De todos modos, volvió a advertir que el problema del crimen organizado todavía no está resuelto y remarcó que las organizaciones criminales continúan activas en Santa Fe.
