Redacción El Informe de Ceres
Luego de la masiva convocatoria registrada en la última Marcha Federal Universitaria, y a la espera de una definición de la Corte Suprema de Justicia sobre la ley de financiamiento, los trabajadores de universidades determinaron un nuevo paro que se realizará durante una semana completa a partir del 26 de mayo.
La determinación se tomó en un plenario de secretarios gremiales de los trabajadores universitarios que conforman el gremio nucleados en la Conadu, que planteó que durante todos esos días el paro estará acompañado “con jornadas de protesta, clases públicas y acciones callejeras en todas las universidades nacionales”. Además, se anunció el lanzamiento de un frente educativo que tendrá lugar el 22 de mayo en el Cabildo de la Ciudad de Buenos Aires.
Tras la medida que finalizará el 31 de mayo, seccionales docentes propondrán nuevas formas de protesta para el segundo cuatrimestre.
Los trabajadores docentes –que no tienen una paritaria desde octubre del 2024– sufrieron una retracción del 34% en el poder adquisitivo de su salario desde la asunción de Javier Milei y hasta enero del 2026. Según la Conadu, un profesor de universidad con dedicación simple y 10 años de antigüedad cobró ese mes un sueldo bruto de $ 305.604.
“Está en juego la sociedad que queremos construir”
Mientras reclaman por una pronta resolución de la Corte Suprema de Justicia que permita la implementación de la ley de Financiamiento, autoridades de universidades nacionales emitieron este sábado un comunicado criticando a funcionarios del Ejecutivo y considerando que lo “que está en discusión no es solamente el presupuesto universitario: lo que está en juego es el tipo de país, de democracia y de sociedad que queremos construir”.
El documento publicado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) alude a distintas entrevistas y publicaciones de redes sociales del presidente Javier Milei y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, cara visible del oficialismo en la discusión dada la ausencia mediática y en instancias de diálogo oficiales del secretario de Educación, Carlos Torrendell.
“Rechazamos y repudiamos los ataques y agresiones infundadas”, plantea el texto, en el que desde el consejo interuniversitario enfatizaron que no están “dispuestos a aceptar pasiva ni gratuitamente que se acuse de delincuente al presidente del CIN”, en referencia a Franco Bartolacci. “Estamos frente a un intento sistemático de desacreditar institucionalmente a quienes ejercemos legítimamente la defensa de la universidad pública, gratuita y federal”, consideraron.
En ese marco, apuntaron que “cuando un gobierno reemplaza el debate democrático por el insulto, la descalificación y la estigmatización, lo que está en juego no es una política pública solamente, es la propia calidad de la convivencia democrática”. “Estos avasallamientos se fortalecen sobre el miedo, el silencio y la intimidación. Y no tenemos miedo. Tampoco estamos dispuestos a callarnos ni a mirar hacia otro lado frente a semejante degradación del discurso público”, remarcaron.
