Redacción El Informe de Ceres
La masiva movilización por las universidades que copó Plaza de Mayo y tuvo réplicas en distintos puntos del país no alteró la hoja de ruta del Gobierno. Lejos de dar señales de acercamiento con el sistema universitario, en la Casa Rosada ratificaron su postura de esperar una definición de la Corte Suprema sobre la Ley de Financiamiento aprobada por el Congreso y redoblaron sus críticas hacia las autoridades académicas, a las que acusan de administrar “cajas” sin control suficiente.
Mientras estudiantes, docentes, graduados, gremios y organizaciones políticas reclamaban por el envío de fondos y denunciaban el deterioro presupuestario de las universidades, desde el oficialismo insistieron en que no existe un ataque contra la educación pública y buscaron encuadrar la protesta como una manifestación impulsada por sectores opositores al Gobierno.
La posición oficial quedó plasmada tanto en declaraciones reservadas de funcionarios como en mensajes difundidos desde la Oficina de Respuesta Oficial en X (exTwitter). Allí sostuvieron que la cautelar presentada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para exigir la aplicación de la Ley de Financiamiento “no está firme” hasta que se expida la Corte Suprema.
Dentro del Gobierno consideran que la discusión central pasa por determinar si la norma votada por el Congreso cuenta o no con previsión presupuestaria concreta. “Lo tiene la Corte y tendrá que resolver. Estamos a la expectativa”, resumió una alta fuente de la Casa Rosada.
El máximo tribunal deberá pronunciarse sobre un Recurso Extraordinario Federal y definir si avala el argumento del Gobierno, que sostiene que la ley carece de especificaciones sobre el origen de los recursos necesarios para financiarla. En paralelo, las universidades le pidieron públicamente a la Corte que “escuche el clamor de las plazas de toda la república”.
A medida que avanzaba la protesta, Milei replicó en sus redes sociales mensajes alineados con la estrategia oficial de politizar la discusión. Entre ellos, publicaciones que negaban cualquier intento de cerrar universidades públicas y que apuntaban contra “la caja sin control” de las casas de estudio. Otros mensajes fueron más allá y acusaron directamente a la oposición de utilizar la defensa de la universidad pública como herramienta de desestabilización.
Ese mismo enfoque había sido expuesto más temprano por el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, hombre cercano al estratega presidencial Santiago Caputo. En declaraciones radiales, el funcionario aseguró que en las universidades conviven “dos corporaciones”: una política, ligada “mayoritariamente al radicalismo”, y otra sindical, vinculada al peronismo. “Es un acto opositor. Una causa noble se esconde atrás de la política”, afirmó sobre la movilización.
Desde el Ministerio de Capital Humano también endurecieron el discurso y pusieron el foco en la necesidad de auditar el funcionamiento de las universidades nacionales. Cerca de Sandra Pettovello remarcaron que el objetivo oficial es “mostrar los números”, revisar criterios de regularidad académica, discutir el eventual arancelamiento para estudiantes extranjeros y avanzar en mecanismos de control sobre el gasto.
“No creemos que marchar sea útil para lo que realmente se precisa, que es mejorar la calidad educativa y los índices de graduación, y utilizar eficientemente los recursos”, señalaron fuentes de esa cartera. Además, cuestionaron que las universidades invoquen la autarquía para evitar controles más exhaustivos sobre el manejo presupuestario.
El documento consensuado por el CIN, la Federación Universitaria Argentina y los gremios docentes denunció, en cambio, una situación crítica. Según detallaron, las transferencias a universidades nacionales acumulan una caída real del 45,6% entre 2023 y 2026, lo que advirtieron, provocó un derrumbe salarial y dejó a los ingresos docentes en el nivel más bajo de las últimas dos décadas.
En ese contexto, Pettovello volvió a apuntar contra la Universidad de Buenos Aires. La ministra acusó a la UBA de concentrar la mayor parte de los refuerzos destinados a hospitales universitarios y cuestionó la falta de rendiciones de gastos vinculados al sistema de salud. También defendió la creación de un “Micrositio de Datos de las Universidades Nacionales”, donde el Gobierno promete publicar información sobre alumnos regulares, tasas de egreso, presupuesto y costo por graduado.
La tensión escaló además por los últimos movimientos presupuestarios. El Gobierno oficializó esta semana una modificación del Presupuesto 2026 que implicó recortes por casi $2,5 billones, incluidos ajustes en programas de la Secretaría de Educación. Desde el Ministerio de Economía negaron que se trate de una desinversión y aseguraron que las adecuaciones buscan “garantizar la eficiencia del Estado” sin afectar el funcionamiento universitario ni la investigación científica.
En paralelo, la maquinaria digital libertaria volvió a activarse en redes sociales con mensajes destinados a desacreditar la movilización universitaria y reforzar el relato oficial sobre el supuesto uso político de la protesta. Mientras tanto, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, optó por mantenerse al margen de la disputa pública en una de las jornadas de mayor tensión entre el Gobierno y el sistema universitario.
