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Pese a la multitudinaria movilización en defensa de las universidades, la Casa Rosada ratificó que no aplicará la ley de financiamiento hasta que se expida la Corte Suprema. En paralelo, el oficialismo volvió a cuestionar a las autoridades académicas y puso el foco en auditorías, control del gasto y “eficiencia” de los recursos.