Redacción El Informe de Ceres
El Gobierno Provincial, a través del Ministerio de Justicia y Seguridad, inició el envío de 39 notificaciones a personas identificadas como responsables de amenazas en establecimientos educativos del centro-norte santafesino, con el objetivo de recuperar los costos generados por los operativos de seguridad, estimados en unos 200 millones de pesos.
La subsecretaria de Legal y Técnica de la cartera, Blanca Diakaki, explicó que la medida responde a una instrucción del gobernador Maximiliano Pullaro y del ministro Pablo Cococcioni, y tiene como finalidad avanzar en el cobro de los gastos ocasionados ante cada situación de riesgo. “Se trata de intimaciones para perseguir el recupero de los costos de los operativos realizados”, indicó.
Según un informe del Ministerio Público de la Acusación (MPA), se identificó a 73 personas como autoras de amenazas, de las cuales 39 ya fueron notificadas en el marco de 32 casos registrados en el centro-norte provincial. En tanto, se aguarda información adicional de otras regiones.
Diakaki detalló que el procedimiento apunta a los padres o responsables legales, independientemente de la edad de quienes hayan realizado las amenazas, y aclaró que se trata de una acción patrimonial de carácter administrativo, paralela a las investigaciones judiciales.
En cuanto a los montos, precisó que los costos de cada operativo varían entre 5 y 6 millones de pesos como base, pudiendo superar los 11 millones según la magnitud del despliegue. “El Estado no solo debe garantizar la seguridad, sino también proteger los recursos públicos”, subrayó.
Finalmente, destacó el trabajo articulado con el MPA, que permitió avanzar en la identificación de los responsables y en el encuadre legal de los hechos, con el objetivo de esclarecer los casos y recuperar el dinero invertido por la provincia.
