El gobierno provincial pide compromiso a la comunidad por las amenazas en las escuelas en Santa Fe

El Ministerio de Educación emitió una comunicación en la que recuerda que las intimidaciones son delitos graves y realizó un llamado a las familias a acompañar y prevenir conductas que pueden derivar en procesos judiciales y responsabilidades económicas.

El área destaca que los directivos, docentes y centros de estudiantes deben abordar esta problemática dentro del aula, incorporándola como una falta gravísima en los acuerdos de convivencia escolar. Cabe señalar que el objetivo es generar conciencia sobre el impacto real de este tipo de acciones y evitar su reproducción.

En paralelo, también se pidió fortalecer el diálogo en los hogares. Desde la cartera educativa remarcaron que estas conductas no pueden tomarse como bromas: se trata de delitos graves que afectan el normal desarrollo de las clases y alteran la convivencia social.

El comunicado fue elaborado junto al Ministerio de Justicia y Seguridad y recuerda que este tipo de hechos encuadra en el delito de intimidación pública, contemplado en el Código Penal, con penas de prisión. Además, se anticipó que se avanzará en la identificación de los responsables, incluso dentro del fuero penal juvenil.

Investigaciones y consecuencias

Desde el Gobierno destacaron el trabajo del Ministerio Público de la Acusación, que utiliza herramientas como el análisis de redes sociales y rastreo de direcciones IP para identificar rápidamente a los autores. Estas investigaciones pueden derivar en allanamientos, secuestro de dispositivos electrónicos e incluso detenciones.

A su vez, se advirtió sobre el costo que generan estas amenazas. Cada situación activa protocolos de seguridad que implican despliegues policiales, asistencia médica y operativos de tránsito, además de la suspensión de actividades escolares.

En este sentido, se recordó que la ley establece la responsabilidad de los padres o tutores por los daños ocasionados por menores. Por lo tanto, la Provincia puede reclamar el reintegro de los gastos derivados de estos operativos.

Alerta por el efecto en redes sociales

Otro de los puntos centrales es el rol de las redes sociales en la difusión de estas conductas. Desde el Ministerio señalaron que existe un “efecto contagio” que puede llevar a minimizar las consecuencias o creer en una falsa impunidad.

“Lo que puede comenzar como un desafío viral puede terminar en un proceso penal”, advierte el documento, que también llama a las familias a intervenir de manera activa.

Finalmente, el Gobierno pidió abordar el tema con urgencia en los hogares y reforzar el compromiso de toda la comunidad para prevenir este tipo de situaciones y garantizar un entorno escolar seguro.