Redacción El Informe de Ceres
En 2025, el número de causas por accidentes y enfermedades laborales creció 6,4% respecto del año anterior, el más alto desde la creación sistema en 1996. De este modo, el índice de litigiosidad se elevó a 132,8 casos por cada 10.000 asegurados y San Luis, Santa Fe, Chubut, Mendoza y Jujuy son las provincias con más juicios iniciados por asegurados.
Precisamente, el alto nivel de litigiosidad ha sido uno de los principales argumentos para la reforma laboral, que busca ordenar el sistema de riesgos del trabajo y reducir la "industria del juicio".
La cobertura se amplió sustantivamente a lo largo de los años, demuestra un estudio elaborado por la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART).
La inminente sanción de un nuevo régimen laboral podría erigirse en el marco para que las Justicias provinciales apliquen las normativas que frenen el avance de las demandas sin control.
La litigiosidad laboral en Argentina alcanzó niveles récord en 2025, que consolidan al país como uno de los de mayor judicialización laboral del mundo.
Se registran más de 350 nuevas demandas por día, con lo que supera en más de un 2.200% la litigiosidad de Chile y un 1.500% a la de España, con una tasa de 132,8 juicios por cada 10.000 trabajadores cubiertos.
La paradoja es que, a pesar de la reducción de la siniestralidad laboral, los juicios hayan crecido exponencialmente. Y pese a que hay menos accidentes y fallecimientos, los juicios se incrementan.
Desde el inicio del sistema de riesgos del trabajo en Argentina, los siniestros laborales se redujeron un 55% y los fallecimientos laborales bajaron un 80%, lo que equivale a haber salvado más de 19 mil vidas.
“La Ley de Modernización Laboral es una nueva oportunidad para que las justicias provinciales cumplan con lo previsto en la norma”, se ilusionan en UART.
El ingreso de 134.141 nuevos juicios laborales por riesgos del trabajo en 2025 (que equivale a 132,8 juicios por cada 10 mil trabajadores cubiertos) sigue agravando la situación del sistema y lo empuja hacia un escenario de extrema tensión institucional y financiera.
El 73% de los juicios del país se acumula en tres jurisdicciones: Buenos Aires, CABA y Santa Fe, distritos que reúnen el 61% de los trabajadores. Esta concentración territorial revela que el problema responde a distorsiones estructurales del proceso judicial en determinadas jurisdicciones.
No obstante este panorama, destaca el análisis que:
– Santa Fe inició en 2025 el concurso para conformar su Cuerpo Médico Forense y la Corte Suprema de la provincia se encuentra próxima a designar tres peritos oficiales, dando un primer paso hacia la aplicación efectiva de la ley.
Santa Fe es una de las dos provincias (la otra es Jujuy, cuya litigiosidad es 36 veces la de Salta) que por ley provincial fija un plazo de caducidad (plazo para iniciar la acción judicial pos-paso por la comisión médica administrativa) de dos años, que requiere ser corregido. Esto por cuanto la acción judicial posterior no inicia el reclamo desde cero, sino que revisa una decisión administrativa ya formada, lo que justifica un plazo breve para preservar la celeridad, la seguridad jurídica y la vinculación temporal entre la contingencia y la reparación.
El plazo de dos años de la ley de adhesión es un despropósito en este sentido.
– Mendoza implementó hace dos años un sistema de auditoría de peritos judiciales. Aunque alcanza solo al 2% de los casos, el 90% de los dictámenes auditados fue corregido a la baja, constituyendo así otro indicador que ratifica que el viejo sistema de listado de peritos judiciales que a su vez cobran en proporción al valor del juicio (es decir, del valor por ellos mismos peritados) no funciona.
