Redacción El Informe de Ceres
Una trama de corrupción que sacude a Gendarmería Nacional salió a la luz tras meses de investigación y derivó en la detención de 23 efectivos acusados de cobrar coimas a camioneros para permitirles continuar viaje sin sanciones. El caso, a cargo del juez federal de Río Cuarto Carlos Ochoa, expuso una compleja red que operaba en distintos puestos viales del país (entre ellas Salta) y que habría recaudado sumas que iban desde los 50 mil hasta los 600 mil pesos por cada chofer extorsionado.
El expediente se originó en la Fiscalía Federal de la mencionada ciudad cordobesa, donde el Dr. Rodolfo Cabanillas inició una causa por denuncias de transportistas que relataban maniobras de extorsión en controles sobre la Ruta Nacional 8, especialmente en el puesto de Sampacho, considerado el epicentro de la organización.
Según fuentes judiciales, el esquema funcionó durante varios meses. Los gendarmes detenían los camiones bajo el argumento de irregularidades en la documentación y ofrecían “arreglos” para liberar el vehículo sin labrar multas ni retener la carga. El pago podía realizarse en efectivo o mediante transferencias, incluso utilizando cuentas de terceros para encubrir el origen del dinero.
La investigación avanzó con 20 allanamientos simultáneos realizados en Sampacho, Holmberg (ambas en provincia de Córdoba), Santa Fe, Catamarca y Salta. En los operativos se secuestró documentación, teléfonos celulares y registros de movimientos bancarios que confirmarían la operatoria delictiva.
De los 23 efectivos imputados, 13 permanecen detenidos en la cárcel de Bouwer (Córdoba), mientras que los demás cumplen arresto domiciliario. Las imputaciones incluyen asociación ilícita, exacciones ilegales y abuso de autoridad.
Entre los acusados figura la jefa de seccional de Sampacho Analía Galian, señalada por su presunta participación en la organización del sistema de cobros ilegales. La Justicia investiga si desde su posición jerárquica habría coordinado los turnos de servicio y el reparto del dinero entre los involucrados.
Fuentes de la causa señalaron que el llamado “circuito de cohecho de controles” habría comenzado a mediados del año pasado, con una estructura interna que manejaba la recaudación y garantizaba impunidad dentro de la fuerza.
El escándalo provocó repercusiones dentro de Gendarmería Nacional, donde se esperan sumarios administrativos y sanciones disciplinarias. Además, no se descarta que en los próximos días haya nuevas detenciones por encubrimiento o participación indirecta.
Desde la Fiscalía Federal de Río Cuarto adelantaron que el caso sigue abierto y que se analizarán los movimientos financieros de los implicados para determinar el alcance real de la red.
“La investigación apenas comienza. Las pruebas son contundentes y podrían surgir más nombres de involucrados”, confiaron fuentes judiciales a medios salteños.
