Redacción El Informe de Ceres
El juez penal Juan Gabriel Peralta resolvió elevar a juicio oral una extensa causa por presuntos delitos contra la administración pública que involucra a exfuncionarios de la Municipalidad de Ceres.
Entre los implicados se encuentran el exintendente Camilo Enzo Busquets (68), quien estuvo al frente de la administración durante el período 2003-2019, y sus exsecretarios de Hacienda, Betiana Godoy (45) (1/11/2004 hasta el 13/12/2018) y Lucas Sebastián Cañete (45) (11/09/2018 hasta el 9/12/2019).
La resolución, del pasado 20 de mayo, refiere a la audiencia preliminar, realizada en dos jornadas, el 9 de septiembre y el 30 de octubre de 2024.
De dicho acto participaron el fiscal de la Sección de Criminalidad Económica y Compleja del MPA Rafaela, Guillermo Loyola; el abogado querellante Ignacio Alfonso Garrone, en representación de la Municipalidad de Ceres; y los defensores públicos Aníbal Caula y Adrián Rocca, por los acusados.
Las defensas habían solicitado la suspensión del juicio a prueba -ofreciendo donaciones y reparaciones económicas- y plantearon la prescripción de algunos de los hechos.
Sin embargo, tanto el Ministerio Público de la Acusación como la querella rechazaron tales salidas alternativas, argumentando el carácter de funcionarios públicos de los imputados y la gravedad de los hechos. El juez Peralta coincidió con esa postura y desestimó ambos planteos.
Irregularidades administrativas y malversación
Según la acusación formal, se investiga un complejo entramado de hechos que incluyen malversación de caudales públicos agravada, incumplimiento de deberes de funcionario, fraude a la administración pública, falsificación de documentos, abuso de autoridad y nombramientos ilegales.
Entre los hechos más destacados se cuentan:
Desvío de fondos provinciales: Subsidios destinados a infraestructura sanitaria y educativa, como los provenientes del Fondo Federal Solidario (2017) y el Financiamiento Educativo (2018), no fueron correctamente rendidos ni utilizados según lo estipulado, generando cargos e intimaciones por parte del Tribunal de Cuentas de la Provincia.
Aportes sindicales retenidos y no depositados: Se retuvieron aportes al SITRAM, FESTRAM y AMFESTRAM sin su correspondiente transferencia, acumulando deudas millonarias e intereses.
Ocultamiento de deuda en el traspaso de gestión: En diciembre de 2019, al concluir la gestión de Busquets, se habrían omitido de manera intencional pasivos significativos en los informes oficiales de transición.
Contrataciones irregulares: Se dividieron contrataciones de obras públicas para evitar licitaciones y se adjudicaron obras a empresas ligadas a funcionarios, sin intervención de la Junta de Compras.
Nombramientos sin concurso: Busquets habría designado a varios empleados —incluyendo a la propia Godoy y al imputado Cañete— en planta permanente sin el llamado a concurso ni cumplimiento de requisitos legales.
El juicio avanza
El juez Peralta dio por admitida la acusación del MPA y de la querella, habilitando la realización del juicio oral.
También admitió la prueba ofrecida por la fiscalía, que incluye declaraciones de más de una decena de testigos clave, entre ellos la actual intendente y denunciante Alejandra Dupouy, el secretario de Hacienda Miguel Ángel Andrada, autoridades del Tribunal de Cuentas, del Nuevo Banco Santa Fe y de sindicatos municipales.
También se sumaron como prueba diversos documentos contables, presupuestos municipales, registros de pagos y material audiovisual sobre las obras adjudicadas.
La causa refleja el presunto desvío de fondos públicos y maniobras administrativas irregulares sostenidas durante los años en que Busquets fue intendente (2003-2019) y estuvo al frente de la administración local.
La decisión del juez marca el cierre de la etapa preparatoria y abre el camino a un juicio oral cuya fecha de realización será oportunamente programada por la Oficina de Gestión de los tribunales de San Cristóbal.
