Redacción El Informe de Ceres
La sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario confirmó el procesamiento del exjefe de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Santa Fe de la Policía Federal, Guillermo Gabriel Gallo por recibir coimas en la tipificación judicial de cohecho, por parte del empresario ya condenado Juan Ignacio Suris —quien cumple penas por comercio de estupefacientes agravado y asociación ilícita fiscal—. Los sobornos fueron a cambio de privilegios en las condiciones en la detención que Suris cumplió en la sede policial entre noviembre de 2023 y marzo de 2024. El comisario Gallo se encuentra procesado como coautor de los delitos de cohecho pasivo y peculado y autor del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad. Y se le trabó embargo sobre sus bienes hasta cubrir 8 millones de pesos.
La decisión fue adoptada el 5 de febrero pasado por las camaristas Élida Isabel Vidal, cuyo voto lideró el acuerdo, y Silvina Andalaf Casiello, quien adhirió a los argumentos de su colega. En el mismo caso adquirieron firmeza los procesamientos del exsubjefe de la misma delegación policial, Leonardo Rafael Benítez, cuyo defensor fue el penalista Hernán Kovasevich, y el de una mujer, M.M., quien se presentó como “socia” de Suris y se encuentra acusada de haber llevado el dinero a la dependencia policial con el que se pagaron los privilegios. Tanto el policía como la mujer relacionada con Suris habían recurrido el procesamiento dictado por el Juzgado Federal N°2 de Santa Fe, pero luego sus defensas no sostuvieron sus recursos, por los que el tribunal de alzada los tuvo por desistidos.
Visitas y alojado en el casino de oficiales
De acuerdo con la pesquisa, Suris recibía visitas y transitaba su detención durante el día en el casino de oficiales y entregaba por sí o mediante otras personas dinero al subcomisario Benítez. Con esas sumas, los agentes policiales concretaban grandes compras, que incluían carne para asados, gaseosas y bebidas alcohólicas.
Había sido alojado en la sede de la Policía Federal en Santa Fe, luego de que el Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca ordenara su detención cuando quedó firme la condena a 6 años de prisión por comercio de estupefacientes agravado que le había dictado el 3 de noviembre de ese mismo año. Un día después, lo condenó en otro proceso a 5 años de prisión por asociación ilícita fiscal y le unificó ambas penas en una única de 8 años de prisión.
