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La Legislatura aprobó la reforma del Código Procesal impulsada por el gobernador Pullaro que también extiende los plazos de detención y devuelve atribuciones a la policía, entre otros cambios
Provinciales 28/03/2024 Redacción El Informe de CeresEn el marco de la ola de violencia que azota a Rosario, la Legislatura santafesina aprobó una profunda reforma del Código Procesal Penal de la provincia. Entre los puntos que generaron más polémica, sobre todo en Diputados, se destacan la eliminación de las audiencias para ciertos casos, la extensión de los plazos de las detenciones previa a la imputación y que la policía retome atribuciones para desarrollar un control autónomo de los procesos penales.
Además, la norma elimina la feria judicial en este fuero. El cambio apunta a que no se resienta el servicio de justicia durante los recesos de verano e invierno.
"La feria judicial no rige en materia penal. La Corte Suprema, el Ministerio Público de la Acusación y el Servicio Público Provincial de la Defensa Penal deben reglamentar, organizar y programar el otorgamiento de las licencias por vacaciones de sus funcionarios y empleados de manera que cada uno de los órganos mencionados garantice como mínimo la presencia laboral para la prestación del servicio de justicia del cincuenta por ciento (50%) del total de funcionarios y de empleados de la planta, respectivamente, en cada circunscripción y distrito según corresponda", estipula el texto de 24 páginas y 48 artículos.
La iniciativa votada este miércoles por la Legislatura constituye el mayor cambio del andamiaje penal en la provincia desde 2014. Ese año entró en vigencia el nuevo sistema, pasó del esquema inquisitorio al acusatorio y desplazó el centro de gravedad de la investigación de los jueces a los fiscales.
Después de un intenso ping pong entre ambas Cámaras, que cambiaron el día de sesión al miércoles para poder aprobar la norma antes de Semana Santa, la reforma se convirtió en ley.
En el Senado la iniciativa legislativa fue aprobada por unanimidad. En Diputados cosechó en la votación en general 33 votos positivos entre los bloques de Unidos para Cambiar Santa Fe, el peronismo, Somos Vida, Vida y Familia e Inspirar.
En tanto, se registraron dos votos negativos, de Fabián Palo Oliver y Carlos del Frade, del Frente Amplio por la Soberanía, y hubo 14 legisladores ausentes.
En la votación en particular, integrantes de la bancada de Juntos Avancemos -como Alejandra Rodenas, Marcos Corach, Sonia Martorano y Verónica Baró Graff-, del bloque referenciado en Amalia Granata, Natalia Armas Belavi y Juan Domingo Argañaraz se abstuvieron o votaron en contra de ciertos artículos del proyecto.
Por ejemplo, los referidos al allanamiento (artículo 9) y al allanamiento sin orden judicial (artículo 10), el recurso del hábeas corpus (artículo 36), y la institucionalización de las figuras de agente encubierto, revelador e informante y la entrega vigilada (artículo 39).
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El Senador recordó que “en campaña nos comprometimos a cambiar las cosas en la provincia de Santa Fe para reeditar esa célebre frase de que es la provincia invencible” y “para eso hay que tener iniciativas políticas y coraje aunque no sean del agrado de algunos”.
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Se sortearon 175 préstamos destinados a vivienda para vecinos de los 19 departamentos santafesinos. Los créditos tienen como finalidad la compra, construcción o terminación de viviendas, con la tasa más baja del país. “Tenemos un sistema accesible para la gente”, remarcó el secretario de Hábitat y Vivienda provincial, Lucas Crivelli.
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Sobre el próximo verano, el director de la EPE Hugo Marcucci afirmó: "se hicieron las inversiones para estar mejor preparados que años anteriores".
En vísperas del tratamiento del proyecto de ley en la Cámara de Diputados -ya aprobado en el Senado-, se llevó a cabo un encuentro en la sede de la Defensoría del Pueblo con el objeto de presentar acciones vinculadas a la concientización, visibilización y prevención de la violencia digital.
Antes de congelar los sueldos a los estatales habrá una suba del 3% en dos cuotas, la primera en septiembre y la segunda en octubre.
Además, aproximadamente el 18% de la población argentina se encuentra en estado de indigencia.
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El Ministerio que dirige Sandra Pettovello dio de baja a más de 62 mil adscriptos al Monotributo Social que presentaban incompatibilidades con la ley.
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