Redacción El Informe de Ceres
Desde el viernes 29 de diciembre del 2023, en la provincia de Santa Fe se comenzó a perseguir penalmente el delito de microtráfico de estupefacientes (narcomenudeo) que, hasta ese momento, estaba bajo la órbita de la Justicia Federal. Esa había sido una de las banderas de la campaña electoral del gobernador, Maximiliano Pullaro, y la puso en marcha pocos días después de asumir.
La iniciativa, aprobada por la Legislatura santafesina, dispone la adhesión a la ley nacional de desfederalización del delito de microtráfico por la cual la provincia asume su competencia para investigar y sancionar los delitos previstos en dicha norma. Uno de sus principales objetivos es "colaborar con el mejoramiento de la calidad de vida de las personas y apuntalar el desaliento sostenido de la conducta ilícita".
Si bien se trata de una medida que busca el bien común, su implementación tiene algunas zonas grises, contradictorias o ambiguas. Por ejemplo, ¿qué cantidad de drogas deben estar en poder de una persona para que sea considerado narcomenudeo y no tenencia simple o para consumo personal? Especialistas en Derecho Penal advirtieron sobre disparidad entre beneficios de la Justicia Federal y perjuicios de la Justicia provincial. ¿Qué rol tendrá la Policía de Santa Fe?
Para poder hacer frente a la persecución de la venta de drogas a baja escala, la Legislatura provincial realizó modificaciones en la ley orgánica del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Esos cambios establecieron que la Fiscalía General deberá generar las estructuras necesarias para el funcionamiento del MPA, fijando las condiciones de acceso, misiones y funciones, así como crear agencias o unidades fiscales especiales que actúen en más de una circunscripción judicial, como el caso del microtráfico. Además, a tal fin ya se crearon 17 cargos.
Entre las prioridades de persecución penal, la ley de narcomenudeo se enfoca prioritariamente a los supuestos mercados abiertos que se desarrollen en espacios públicos o con posibilidad de acceso público; la participación de los traficantes en otras actividades delictivas o contravencionales, o utilización de armas de fuego; la participación o involucramiento de menores de edad o de personas en situación de vulnerabilidad, o distribución de estupefacientes a los mismos; la distribución en búnkeres, puestos fijos y demás espacios públicos; la alteración de la tranquilidad pública, apropiación de instalaciones o lugares de uso público, o degradación del espacio urbano; y los que determine la Fiscalía General, por razones de política criminal o utilidad social.
Los casos no susceptibles de priorización de conformidad con los criterios expuestos, y en particular aquellos que no involucren tráfico oneroso o habitual, podrán ser archivados en los términos del artículo 21 del Código Procesal Penal.
Los integrantes del cuerpo de fiscales abocados a la persecución del microtráfico deberán ordenar la detención y solicitar medidas coercitivas, de conformidad con las normas procesales; adoptar o solicitar las medidas urgentes para hacer cesar el estado antijurídico.
Estas medidas podrán incluir la relocalización asistida de personas o grupos, el derribo de instalaciones montadas para el tráfico ilícito, el desalojo de inmuebles usurpados o apropiados para dicho fin, o la restitución inmediata a sus legítimos poseedores o tenedores, todo sin perjuicio de las ulteriores acciones civiles que pudieran corresponder; impartir directivas a la Policía de Investigaciones (PDI), a los efectos de recabar sumariamente la evidencia necesaria a los efectos establecidos en los dos incisos precedentes; e informar a la Unidad Fiscal Especial cualquier dato de utilidad para el cumplimiento de su misión.
Dicho equipo de fiscales estará conformado por Carla Cerliani y Valeria Haurigot; el fiscal Diego Vigo; el Subdirector provincial de Investigaciones Criminales del Organismo de Investigaciones del MPA, Víctor Moloeznik; y la Secretaria de Gestión con funciones asignadas a la Fiscalía General, Marina Pieretti.
