Este lunes se concretó la reunión de los representantes paritarios de FESTRAM, facultados por el Plenario de Secretarios para disponer medidas de fuerza en caso de recibir propuestas de las Intendencias y Comunas que no se ajusten a las demandas sindicales.

Tras intensas comunicaciones entre los representantes de FESTRAM y Autoridades Comunales con la intención de lograr un acuerdo satisfactorio para ambas partes, éste no llegó a concretarse.

La Federación -por lo tanto- ratifica el Paro de Actividades sin concurrencia a los lugares de trabajo para los días 8, 9 y 10 de septiembre, con guardias mínimas y cumplimiento de los protocolos de la pandemia. La decisión de realizar la medida sin asistencia, responde a los efectos de reducir la circulación y concentración de trabajadores atento a las medidas restrictivas para enfrentar el COVID 19.

Hasta la fecha los Intendentes insisten en imponer la política salarial que el Gobierno de la Provincia dispuso unilateralmente pero extendida en el tiempo: la suma no remunerativa ni bonificable de $3000 para los meses de setiembre, octubre y noviembre. No hay ningún compromiso de actualización de las vergonzosas Asignaciones Familiares y la protección de la salud laboral ha empeorado notoriamente, avanzando con casos de Covid-19 en el ámbito de Municipios y Comunas.

A esto se agrega la decisión de las ART, de no cubrir a los trabajadores y trabajadoras santafesinas al COVID-19 como enfermedad profesional, lo que deja expuesta la precariedad con que muchos compañeros y compañeras están desarrollando su labor.

Lamentablemente, durante el presente año y en especial en esta Pandemia, los trabajadores y trabajadoras municipales han sido gravemente vulnerados en sus derechos, debiéndose mencionar puntualmente localidades como Avellaneda, San Carlos Centro, Las Rosas, San Javier, Ceres, Carlos Pellegrini, y Cañada Rosquín. En todos los casos desconocieron al Ministerio de Trabajo y las medidas dispuestas por este organismo, con el agravante que este Ministerio provincial no actuó en consecuencia. Las decisiones de estas Administraciones, no sólo pusieron en riesgo la salud de sus trabajadores, sino también del conjunto de la comunidad.

La obligación de hacer trabajar empleados con comorbilidades, mayores de 60 años, despidos de trabajadores informales, quitas de suplementos y adicionales, y presiones con ayuda de Fiscales y Policías, constituyen además causales suficientes para ejercer el derecho constitucional a huelga, y advertir sobre estas actitudes autoritarias de los/as titulares de Municipios y Comunas.

El Ministerio, que debería estar al servicio de los derechos de los trabajadores, se utiliza como mecanismo de presión para imponer los intereses patronales de Intendentes y Presidentes Comunales, que abiertamente han desafiado la propia autoridad provincial. El desconocimiento por parte de los mismos a este organismo de conciliación lo hace inviable para encontrar un espacio de negociación imparcial.