Redacción El Informe de Ceres
Manuel Adorni atraviesa los últimos días del plazo que le concedió la Justicia para explicar la evolución de su patrimonio. El exjefe de Gabinete deberá responder hasta este miércoles al requerimiento formulado por el fiscal federal Gerardo Pollicita, luego de que un informe técnico detectara inconsistencias entre sus ingresos, gastos y movimientos patrimoniales.
El plazo inicial había sido extendido por 15 días hábiles a pedido de la defensa de Adorni. El juez federal Ariel Lijo aceptó la solicitud para que el exfuncionario pudiera acceder a la documentación incorporada al expediente y preparar su descargo. La investigación se inició a partir de un informe de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI), que consta de 207 fojas y cruza declaraciones juradas, información bancaria, registros de propiedades, operaciones con activos virtuales y movimientos migratorios.
Uno de los principales puntos bajo análisis es la diferencia entre los ingresos y los gastos del grupo familiar. Entre diciembre de 2023 y junio de 2026 se registraron ingresos en pesos por aproximadamente $229,7 millones, mientras que los gastos relevados llegaron a unos $272,8 millones. La brecha alcanza los $43,1 millones y forma parte de las cuestiones que Adorni deberá justificar ante la Justicia.
A ese desbalance se agregan operaciones en moneda extranjera. El análisis incorporado a la causa detectó erogaciones por aproximadamente u$s402.578 que tampoco quedarían explicadas por los recursos declarados. Según la investigación, esos fondos estuvieron vinculados, entre otras operaciones, con inmuebles, refacciones, mobiliario, alquileres y viajes al exterior.
Otro de los interrogantes está relacionado con los dólares en efectivo que Adorni incorporó a sus declaraciones juradas mediante rectificaciones y que atribuyó a la venta de activos. La fiscalía le reclamó que detalle qué bienes fueron vendidos, cuándo se concretaron las operaciones, quiénes fueron los compradores y cómo fue el recorrido de los fondos obtenidos.
La Justicia también puso la lupa sobre dos propiedades. Por un lado, deberá explicar de dónde provinieron los recursos utilizados para adquirir un lote en el country Indio Cua y para afrontar las obras de remodelación. En particular, la investigación se concentró en pagos en efectivo por unos u$s245.000 realizados al contratista Matías Tabar.
Por otro lado, deberá brindar precisiones sobre la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito y el dinero destinado al mobiliario de esa propiedad. En este punto, la fiscalía busca determinar cómo fueron financiadas las operaciones y por qué algunas erogaciones aparecen relacionadas patrimonialmente con su esposa, Bettina Angeletti.
El requerimiento judicial también alcanza a préstamos declarados con familiares, la adquisición de una camioneta Jeep, gastos realizados durante viajes al exterior y determinados consumos que habrían sido pagados por terceras personas. A esto se suman pedidos de información sobre honorarios profesionales vinculados con operaciones inmobiliarias.
Las operaciones con criptomonedas constituyen otro de los capítulos de la investigación. La Justicia solicitó información a distintas plataformas de activos virtuales con el objetivo de reconstruir los movimientos y establecer el origen del dinero utilizado para iniciar esas inversiones.
Adorni había declarado públicamente que poseía criptoactivos desde antes de ingresar a la función pública. Ahora, el expediente busca determinar cómo se originaron esos fondos y cómo evolucionaron las operaciones.
Además, la fiscalía detectó movimientos en cuentas bancarias que, de acuerdo con el requerimiento, no estarían relacionados con ingresos salariales provenientes del Estado. Por ese motivo, el descargo deberá incluir explicaciones sobre el origen de esos depósitos y de otros fondos incorporados posteriormente a sus declaraciones juradas.
Con el vencimiento del plazo cada vez más cerca, Adorni deberá responder ante la Justicia por un conjunto de operaciones que incluyen diferencias entre ingresos y gastos, dólares en efectivo, inmuebles, refacciones, préstamos, vehículos, viajes y criptoactivos. El objetivo del requerimiento fiscal es determinar cómo se explica la evolución patrimonial registrada durante el período bajo análisis.
