Redacción El Informe de Ceres
El Gobierno nacional, a través del Decreto 612/2026, publicado en el Boletín Oficial, modificó la reglamentación de la reforma laboral introducida por la Ley N° 27.802, generando un impacto directo en las negociaciones entre gremios y cámaras empresarias.
La medida excluye del tope del 2% a los aportes patronales extraordinarios, lo que permite a las partes negociar libremente estos montos, aunque los acuerdos deberán ser homologados por el Estado para su validez.
El decreto, firmado por el presidente Javier Milei y los ministros Sandra Pettovello y Diego César Santilli, busca precisar el alcance de las disposiciones vigentes y garantizar su adecuada aplicación, especialmente en lo que respecta a la base de cálculo de aportes y contribuciones sindicales. Según el Artículo 1°, esta base incluirá exclusivamente el salario básico convencional correspondiente a la categoría del trabajador, junto con sumas remunerativas normales, habituales y de pago mensual de origen convencional.
Por su parte, quedan excluidos de este cálculo conceptos como premios, bonos, participación en las ganancias, horas extras, sueldo anual complementario (aguinaldo), plus vacacional, sumas no remunerativas y cualquier otro que no se abone de manera normal, habitual y mensual.
Además, el Artículo 2° establece que las contribuciones y aportes acordados en el marco de Convenios Colectivos de Trabajo deberán destinarse exclusivamente a obras de carácter social, asistencial, previsional o cultural en beneficio de los trabajadores. Estos fondos, a su vez, deberán administrarse de manera especial y documentada por separado, conforme a lo dispuesto en el Decreto N° 467/88.
La norma, que entró en vigencia el 17 de julio, busca brindar certeza jurídica y facilitar el control de legalidad previo a la homologación de acuerdos y convenios colectivos. Sin embargo, su implementación podría generar tensiones entre empleadores y sindicatos, especialmente por la exclusión de conceptos variables en la base de cálculo, lo que podría reducir los ingresos de los gremios.
La reforma laboral, impulsada por la Ley N° 27.802, había generado debates sobre su aplicación práctica. Este decreto busca resolver ambigüedades y evitar conflictos en las negociaciones, aunque algunos sectores ya anticipan resistencias por parte de los sindicatos, que verán limitados sus márgenes de maniobra en las discusiones salariales.
