Redacción El Informe de Ceres
Tras analizar 1.519 pedidos presentados por acreedores, el tribunal determinó qué deudas resultan válidas, por qué montos y con qué prioridad de cobro, conforme a lo establecido por la Ley de Concursos y Quiebras. El pasivo reconocido asciende a miles de millones de pesos y decenas de millones de dólares, distribuidos entre acreedores comerciales, entidades financieras, organismos fiscales, trabajadores y profesionales.
En el plano comercial, fueron admitidos aquellos créditos respaldados con documentación suficiente, mientras que otros fueron rechazados por falta de pruebas o por corresponder a obligaciones ya canceladas en acuerdos previos.
Entre los acreedores financieros se destacan los fondos internacionales de inversión. El fondo holandés BAF LATAM Trade Finance Fund B.V. obtuvo el reconocimiento de un crédito por USD 51.859.126,90, aunque sin las garantías sobre marcas e inmuebles que había invocado. En tanto, el fondo IIG Structured Trade Finance Fund Ltd. logró la verificación de USD 34.476.796 más intereses, pero como acreencia ordinaria, al considerarse inoponibles las garantías reales frente a otros acreedores.
Por su parte, el Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP) fue reconocido con privilegio especial por más de 2.279 millones de pesos, respaldado por una prenda sobre la marca SanCor.
Entre los acreedores fiscales, el mayor reclamo correspondió a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, a la que se le reconoció una deuda superior a 23.607 millones de pesos en capital, más 25.235 millones en intereses y honorarios. El tribunal, no obstante, rechazó multas por 33,5 millones de pesos por haber sido impuestas con posterioridad a la apertura del concurso.
La Justicia también resolvió reducir intereses fiscales considerados excesivos, fijándolos en línea con la tasa activa del Banco de la Nación Argentina, bajo el criterio de que el propio Estado no puede aplicar tasas abusivas.
En el proceso se presentaron 1.063 acreedores laborales, de los cuales 1.044 ya habían percibido sus créditos o los tenían reconocidos mediante el mecanismo de pronto pago, por lo que sus presentaciones fueron declaradas inadmisibles para evitar una doble incorporación al pasivo. Otros 16 trabajadores obtuvieron el reconocimiento directo de sus acreencias, con montos que oscilaron entre poco más de un millón y más de 192 millones de pesos.
También se presentaron abogados, contadores y peritos. El tribunal exigió la acreditación efectiva de los servicios prestados y rechazó pedidos basados únicamente en recibos o sin regulación judicial firme. Entre los casos admitidos, cuatro abogados obtuvieron el reconocimiento de honorarios en dólares por más de tres millones, por gestiones vinculadas a Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina, Obra Social del Personal de la Industria Lechera y Asociación Mutual del Personal de la Industria Lechera.
Además, 59 acreedores fueron declarados inadmisibles por no haber presentado el escrito inicial de verificación, requisito indispensable para que la Justicia pueda analizar el reclamo.
Las sentencias de verificación constituyen un paso central, pero no definitivo. Ahora la sindicatura deberá elaborar el informe general previsto en el artículo 39 de la ley concursal, que evaluará la situación patrimonial global de la cooperativa. Posteriormente se abrirá la etapa de negociación con los acreedores para intentar alcanzar un acuerdo preventivo que permita reestructurar la deuda y evitar la quiebra. Los acreedores tienen plazo hasta el 7 de abril para solicitar aclaraciones sobre las resoluciones dictadas.
En paralelo, el juez resolvió prorrogar hasta el 30 de junio de 2026 la coadministración judicial de la empresa, por lo que la contadora Lucila I. Prono continuará supervisando la gestión de la cooperativa.
El tribunal también advirtió sobre la existencia de una deuda postconcursal superior a 6.349 millones de pesos al 31 de enero de 2026, con un incremento cercano a los 3.000 millones mensuales, además de retenciones impositivas y previsionales no depositadas.
Asimismo, intimó al Consejo de Administración a presentar el balance correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2025 y a convocar la asamblea ordinaria, bajo apercibimiento de remoción.
Ante el vencimiento del fideicomiso que administraba los fondos operativos, la Justicia autorizó la apertura de una cuenta corriente especial en el Nuevo Banco de Santa Fe, protegida de embargos individuales, con el objetivo de preservar el funcionamiento de la empresa y evitar que medidas cautelares aisladas precipiten una quiebra en medio de la profunda crisis que atraviesa la histórica cooperativa láctea.
